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Aquella justicia desaparecedora

Fue abrumadora la jornada del 10 de marzo en el megajuicio por delitos de lesa humanidad. El fiscal Vega leyó los resúmenes de las causas que comprometen a los excamaristas federales en un total de 43 desapariciones forzadas. El sistemático rechazo de las denuncias presentadas por familiares de las víctimas y las complicidades evidentes con las fuerzas de seguridad, por acción u omisión, dimensionan la condición cívico-militar fundante del terrorismo de Estado. Descripción de los hechos que derivaron en caídas grupales y la responsabilidad de los exjueces.

Diagnóstico sobre complicidades

Lejos de iniciarse la etapa testimonial, ya la sucesión de audiencias que resumen las causas y sus fundamentos permite vislumbrar la dimensión histórica del megajuicio por crímenes de lesa humanidad de Mendoza. El 24 de febrero se conocieron hechos por primera vez considerados como delitos independientes de la aplicación de torturas: las violaciones infligidas contra las mujeres en los centros clandestinos. Contundencia en el relato de la responsabilidad que tuvieron los exjueces Carrizo, Miret y Petra Recabarren, de procesamiento confirmado. Denuncias sobre el médico de un represor con domiciliaria y lectura de la mayoría de los requerimientos. Restan, para el 10 de marzo, la acusación final de los exjueces y la lectura de los 98 hechos que comprometen a Otilio Romano.

Y sin embargo se mueve

La segunda semana del megajuicio por delitos de lesa humanidad comenzó con importantes novedades respecto de los imputados. Permitió que el fiscal Dante Vega resumiera los hechos y acusaciones de causas emblemáticas, como la caída grupal de abril de 1977 contra militantes montoneros, y la de las desapariciones de Laura Terrera y Alfredo Manrique junto a la supresión de identidad de Celina Rebeca, hija de ambos. También se evidenció la impunidad con la que se desenvuelven aún los exfuncionarios federales: Otilio Romano presionó al Tribunal por su autodefensa y se confirmó el apartamiento de Gabriel Guzzo, exjuez acusado de 107 violaciones a los derechos humanos.

La camarita federal

El megajuicio que da cuenta de más de 200 casos de crímenes de lesa humanidad en Mendoza solo pudo completar en su jornada inicial el procedimiento de identificación de 30 de los 38 imputados. El Tribunal Oral Federal 1 resolvió realizar una audiencia breve y pasar a cuarto intermedio hasta el próximo lunes, día que se espera que sea posible la lectura de los requerimientos. También hubo rechazos a los planteos de Fiscalía para que se dé premura a los procedimientos y una permisividad excesiva con las provocaciones de los exjueces Miret y Romano. Reflexiones de algunos protagonistas sobre el panorama de un proceso que se avizora extenso.

Relevamiento de la impunidad crónica

Con excepción del juicio de Nuremberg, que incluyó el procesamiento a funcionarios judiciales del régimen nazi por omitir investigar, facilitar la comisión, o directamente participar de crímenes aberrantes contra la humanidad; no hay antecedentes históricos de enjuiciamientos masivos que denoten la responsabilidad de civiles de manera articulada, masiva y sistemática. El megajuicio que inicia en Mendoza este 17 de febrero dará cuenta, entre más de 200 casos en total, de 107 hechos de violaciones a los derechos humanos por parte del terrorismo de Estado en Mendoza, avalados, promovidos, o  concretados por cinco imputados que ejercieron roles trascendentes en la Justicia Federal de Cuyo durante la dictadura y garantizaron, en democracia, la impunidad para sí mismos y para sus socios, militares y policiales. Repaso del primer juicio oral y público en la Ciudad de Mendoza, como uno de los puntales que impulsaron el histórico proceso actual.

El juicio decisivo

Comienza hoy el cuarto y el mayor de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza durante la dictadura cívico-militar. Los procesos judiciales previos de San Rafael y de Ciudad, incluyendo el debate suspendido en noviembre pasado, realzan el carácter histórico del juicio en ciernes: están imputados 36 responsables de las fuerzas de seguridad y por vez primera, en más de 60 años, se juzgará a 5 funcionarios judiciales, cómplices y partícipes del terrorismo estatal. Entre las novedades sobresalen los apartamientos del exjuez Gabriel Guzzo y de Enrique Gómez Saá, exagente de inteligencia militar. Expectativas, preocupaciones y detalles de las causas. 

La grieta

La extradición y prisión preventiva del destituido juez Otilio Romano permite ampliar las investigaciones y procesamientos de los funcionarios de la Justicia Federal en la dictadura cívico-militar. La “causa de los jueces” queda integrada y, a la vez, estructura el megajuicio con el 11 de noviembre como fecha probable. Impresiones de unas jornadas históricas.

Será Justicia

Luz Faingold, sobreviviente y testigo clave de la participación judicial en el plan sistemático de desaparición de personas de la dictadura, profundiza sobre el fin de la impunidad que ya acecha a Otilio Roque Romano.