La vicegobernador Laura Montero explicó en conferencia de prensa que se reunió con la canciller Susana Malcorra para analizar las responsabilidades del Estado que permitieron la entrada al país del sacerdote Nicolás Corradi, uno de los acusados por abuso sexual a chicos con hipoacusia en el instituto Próvolo.

Según explicó la vicemandataria, es necesario analizar la forma en la que ingresó el sacerdote, dado que una de las responsabilidades de la cancillería es la autorización el ingreso a los cultos y la curia. “Ellos deberán revisar en qué fallamos así hacemos las cosas bien”, sentenció Montero.

La funcionaria explicó que durante el fin de semana de Navidad tuvo comunicación con el procurador de la Corte, Alejandro Gullé. Explicó que en la provincia de Buenos Aires se interpretó el desplazamiento del fiscal Fabricio Sidoti por su accionar en el caso Próvolo (en realidad fue suspendido por los miembros del Jury por su accionar en el caso Ayelén Arroyo).  

Es por esto que Montero se reunió con el fiscal Gustavo Castagnera y con la asociación de Sordos de la Plata. “Las denuncias van in crescendo”, sentenció.