En medio de la incertidumbre legislativa generada por la campaña electoral y la tirante relación, al menos en las declaraciones públicas, de la CGT con el Gobierno por la crisis económica, el Senado de la Nación comenzará a discutir este martes un proyecto de ley que impulsa una regularización del trabajo no registrado mediante una amplia condonación de deudas y multas para los empleadores. El encuentro se realizará desde las 16 en el salón atrio del Palacio Legislativo, en el marco de un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, que preside el senador del PJ Daniel Lovera, y de Presupuesto y Hacienda, que conduce el macrista Esteban Bullrich.

A la reunión fueron convocados los representantes de la CGT, aunque desde la central obrera aún no confirmaron los nombres de los secretarios de la entidad que asistirán. Los senadores abrirán hoy el debate sobre el proyecto de ley que presentó el último viernes, en nombre de Cambiemos, el senador nacional Roberto Basualdo.

"Es la típica maniobra del Gobierno para no hacerse cargo de sus proyectos por si fracasa su trámite parlamentario", aseguraban anoche voceros peronistas.

Ante estas divergencias sindicales, el presidente del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto (Río Negro), decidió restarle apoyo al proyecto que, desde entonces, quedó en el olvido.

Aquella postura vuelve a repetirse ahora en los despachos peronistas. "Si no hay acuerdo de la CGT, no vamos a acompañar el proyecto", es la postura que esgrime desde hace tiempo Pichetto en materia de iniciativas laborales.

La iniciativa contiene 21 artículos y propone, entre otros puntos, otorgar 365 días a los empresarios para blanquear trabajadores a cambio de una condonación del 100 % de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios. El oficialismo plantea además que se exima a los empresarios de multas y se los retire del Registro de Empleadores con sanciones laborales si registran empleados, mientras que al trabajador se le computarán hasta cinco años de aporte.

Además, a los empresarios que contraten personal dentro de los 365 días desde la aprobación de la ley se les reducirán por dos años los aportes y contribuciones. La norma también busca reducir la litigiosidad y establece para ello al salario mínimo como unidad de medida para fijar el monto de una multa.

Blanqueo y exenciones

• La iniciativa en estudio impulsa un blanqueo laboral durante un año, que se contará a partir de la fecha en la que el Poder Ejecutivo reglamente la eventual ley.
• Como parte de los beneficios para los empleadores que regularicen a sus trabajadores, se incluye la extinción de la acción penal y de infracciones y multas en materia laboral y de seguridad social, y la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales.
• Gozarán de estos beneficios aquellos empleadores que regularicen a sus trabajadores dentro de los 30 días de denunciada la irregularidad por parte del dependiente.
• Por su parte, lo trabajadores registrados por aplicación de este plan tendrán derecho a computar hasta 60 meses (5 años) de servicios con aportes, que serán calculados sobre un monto mensual equivalente al promedio del salario básico inicial del convenio colectivo aplicable a la relación laboral.
• El proyecto también contempla una cláusula de promoción del empleo, por la cual las empresas que tomen nuevos trabajadores durante el plazo que dure el blanqueo gozarán de la exención de las cargas patronales destinadas al sistema previsional por el término de dos años.
• Una hora antes del plenario para tratar el blanqueo laboral, a las 15, está convocada la Comisión de Salud para discutir el proyecto que crea la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (Agnet).
• La agencia tendrá por finalidad establecer las prácticas, las prestaciones y los medicamentos contemplados en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
• La propuesta fue presentada por el Gobierno en 2016, pero también quedó congelada luego de que la CGT dejara al desnudo sus divisiones. La propuesta apunta a terminar con la ola de juicios que afrontan las obras sociales sindicales por la cobertura en prácticas y medicamentos. Desde la oposición, la iniciativa es criticada con el argumento de que servirá para recortar el PMO en detrimento de los afiliados.