Con modificaciones, el nuevo Código Minero va camino al aval legislativo

Diputados aprobó el proyecto que busca dinamizar la actividad minera como primer paso para su reactivación en Malargüe. Se volvió a incorporar el Consejo de Minería en la norma.

Con modificaciones, el nuevo Código Minero va camino al aval legislativo

Luz verde en la Cámara baja para el nuevo Código Minero. Foto: Prensa Diputados Mendoza

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Publicado el 05 DE ABRIL DE 2024

“Estamos ante un momento trascendental para Mendoza”, dijo el titular de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Franco Ambrosini (UCR), en la sesión de Diputados que aprobó al iniciar abril el nuevo Código de Procedimientos Mineros, la primera iniciativa que envió el Ejecutivo provincial para avanzar con la actividad minera. Ahora, con esta sanción inicial, no se esperan mayores contratiempos en el Senado.

Este nuevo marco normativo tiene la finalidad, según defendieron desde el oficialismo, de dinamizar y desburocratizar los procedimientos mineros, cuya reglamentación data de 1945. Además, sostienen que toda la actividad se realice bajo el rigor de la Ley 7722, defendida por amplios sectores del ambientalismo en Mendoza.  

La votación, que resultó con 35 votos a favor, 10 negativos y una abstención, tuvo la particularidad de que habilitó el voto dividido en los principales bloques de la oposición, como el PJ y LUM. Como se venía discutiendo, la norma tiene el sello de darle “criterios de sustentabilidad ambiental y desarrollo sostenible” a la actividad minera, cuyo resurgimiento es uno de los horizontes marcados para la segunda gestión de Alfredo Cornejo al frente del gobierno de Mendoza. Así, promover una minería bajo “buenas prácticas ambientales” será una de las banderas para estos años en los que el objetivo final será promover y potenciar la actividad exploratoria en el sur provincial, con el proyecto “Malargüe Distrito Minero Occidental” en el horizonte. Por eso, antes, el Gobierno se propuso allanar el camino con la actualización del Código Minero.

Una modificación que destrabó el debate

Uno de los temas que trabaron la discusión en comisiones, incluso desde sectores que promueven la minería, fue el papel que jugaba el Consejo de Minería, que veían desplazado. Finalmente, se incorporó el Consejo de Minería como autoridad “en segunda instancia” y como órgano consultivo. Tanto el Consejo como la Dirección de Minería estarán bajo la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente. Según detallaron desde la Cámara baja, en su artículo segundo, la pieza legislativa establece que “la Autoridad Minera de la provincia de Mendoza es ejercida, en primera instancia, por la Dirección de Minería de la Provincia y, en segunda instancia, por el Consejo de Minería, ambos bajo la tutela del Ministerio de Energía y Ambiente o el que en el futuro lo reemplace”. 

El director de Minería atenderá y resolverá sobre los asuntos, peticiones y cuestiones que versen sobre los derechos mineros en todo el territorio provincial, y dictará las resoluciones definitivas que conceden, deniegan o declaran caducos los derechos mineros de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Minería y la ley en cuestión, sin perjuicio de las restantes competencias, misiones y funciones, de conformidad a la Ley Orgánica de Ministerios.

En tanto, el Consejo de Minería atenderá en la instancia recursiva contra las resoluciones apelables y que causen gravamen irreparable emanadas de la Dirección de Minería. Además, tendrá funciones de órgano consultivo cuando la Dirección lo requiera. El Poder Ejecutivo entenderá solo contra las resoluciones del Consejo de Minería. Cabe aclarar que los miembros de Consejo de Minería no cobrarán remuneración por sus tareas.

El rol de Impulsa Mendoza 

Impulsa Mendoza es la empresa del Estado provincial que se ha apalancado desde su creación en Potasio Río Colorado. Ahora, con el nuevo texto del Código Minero, se detalló qué alcances tendrá y cómo deberá actuar en caso de quedarse con algúna área de exploración.  

La clave es el artículo 39.°, dado que la media sanción estipula que “toda resolución firme que disponga la liberación de áreas registradas, ocupadas por derechos mineros deberá ser publicada de oficio en extracto por la Autoridad Minera, por dos (2) días en el Boletín Oficial. De las publicaciones se dejará constancia en los expedientes respectivos". "Las zonas ocupadas solo quedarán disponibles para la petición de terceros, después de transcurridos diez (10) días de la fecha de publicación", continúa. 

"En todos los casos de caducidad o revocación de permisos de exploración o declaración de minas vacantes, por cualquiera de las causales previstas en esta Ley o el Código de Minería, previo a la publicación ordenada en el párrafo anterior, y de los artículos 71 y 131 del presente Código deberá notificarse a la empresa minera Impulsa Mendoza Sostenible S.A. o empresa del sector público provincial que la reemplace y siempre que detente un porcentaje igual o mayor al 51 % de las acciones el Estado Provincial, con facultades y atribuciones en la materia, para que, en el plazo de treinta (30) días hábiles, exprese su decisión o no de declarar las áreas como de Investigación Geológica Minera en el marco de lo dispuesto por el Título XXI del Código de Minería, o bien solicitar las áreas de acuerdo al Código de Minería", agrega. "En el caso de optar por áreas de exploración cuyo derecho haya sido declarado caduco, la graficación provisoria en el Catastro Minero del pedido de Impulsa Mendoza Sostenible S.A. –o empresa del sector público provincial que la reemplace–, y el borrado del anterior derecho, se realizarán de manera simultánea”, explica.

En el caso de que Impulsa Mendoza Sostenible S.A. “ejerciere el derecho de preferencia mencionado en los párrafos anteriores y no declarara las áreas a lo dispuesto por el Título XXI del Código Minero deberá cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley y en el Código Minero, y convocar, en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días, a un concurso público en el que toda persona humana o jurídica tenga la posibilidad de presentar una oferta que deberá contener, como mínimo, sus antecedentes, un programa de trabajo y un compromiso de inversión; no pudiendo Impulsa Mendoza Sostenible S.A. –o la empresa del sector público provincial que la reemplace– participar en porcentaje societario o asociativo de ningún tipo”. Y en el caso de que Impulsa “no ejerciese el derecho de preferencia o expresamente manifestara a la Autoridad Minera que no ejercerá dicho derecho, o quedara el desierto el Concurso Público mencionado en el párrafo anterior, se publicará en el Boletín Oficial dicha circunstancia y el derecho quedará a disposición de cualquier persona interesada, pasados diez (10) días hábiles de aquella publicación”.

Voces a favor y en contra

Como habían adelantado, Ambrosini (UCR) indicó que este Código “viene a ampliar la producción y la matriz productiva de la provincia” en “un momento trascendental para Mendoza". El legislador radical manifestó que la norma tiene tres puntos principales: la transparencia, el control y la seguridad jurídica, lo que permite el acceso a la información y el fortalecimiento de la policía minera.

Por su parte, la diputada Jimena Cogo (JxL-LUM) adelantó su voto negativo. “Soy malargüina, soy minera y quiero minería para el departamento. Coincido con el Gobernador (Alfredo Cornejo) en hacer de la minería una política de Estado que antes no había sucedido”, expresó, pero agregó: “No nos podemos dar el lujo de votar algo que todavía tiene incongruencias. Considero que, con las leyes actuales y la decisión política, se puede hacer minería”.

A su turno, Gabriela Lizana (FRN), que votó negativamente, sostuvo: “Para este tipo de cosas, necesitamos más tiempo para hacerlo con más consenso entre nosotros”. "Para alguien que viene del sector productivo y que empezó a entender la importancia del desarrollo del cobre en Mendoza es difícil explicar que se avanza tan rápido en la minería y no en otros puntos relacionados con la tierra”, explicó.

La diputada Natalia Vicencio (PJ) también votó de manera negativa, argumentando su postura: “Cuando se anunció la discusión de este proyecto, se hizo en el marco de discutirlo en el departamento de Malargüe, en el cual todos y todas entendemos que hay licencia social. Hoy estamos discutiendo una flexibilización de los procedimientos”.

Jorge Difonso (LUM) dijo por su parte: “Tenemos miradas distintas, hemos debatido, discutido, incluso ha participado de estas discusiones el bloque de senadores”, y sumó: “Tenemos que evaluar y, por lo menos, escuchar lo que plantearon los referentes de todos los sectores en esas comisiones”. “Tenemos que tener en cuenta que es una discusión que viene desde hace mucho tiempo en Mendoza”, señaló, y pidió que se cumpla con la 7722, que “armen la policía minera, armen la bicameral que tiene que recibir los informes semestrales que establece el artículo 4 y se cumpla con la reglamentación”.

En ese sentido, Germán Gómez (PJ), que votó afirmativamente, señaló: “No se están leyendo las normas. Piden una bicameral que está derogada”, y sumó: “Mendoza tiene que apuntar a un desarrollo integral, con desarrollo minero y productivo. Esta ley la hemos ido trabajando, haciendo todos los aportes para mejorar este proyecto.  Es altamente beneficioso este Código para la provincia”. Tras afirmar: “Tenemos legislación desactualizada”, destacó: “No he escuchado una sola crítica fundamentada, solo sembrar dudas y tirar bombas de humo sin decir la verdad”.

En coincidencia, Sol Salinas (PRO) subrayó: "Para mí, es un día de celebración lo que estamos tratando, porque no entiendo los fundamentos de que el Código de la década del 40 es un buen Código. En esta era de procedimientos ágiles, le tienen miedo a agilizar procesos; en esta era, de internet, de inteligencia artificial, parece que algunos diputados quieren que nada cambie. Cuando hay que poner la pata en el acelerador, no entiendo que fundamenten que les falta tiempo para estudiar”.

Gustavo Cairo (LUM-JxL), apoyó el proyecto y destacó que “la Legislatura no debe comportarse como una máquina de impedir, sino que debe ser una herramienta más que tenga la gente para promover el desarrollo  de la provincia”. Además, recordó la reciente aprobación de un proyecto de su autoría respecto de la inclusión de Mendoza en la mesa del cobre, “con la esperanza de empezar a producir”.

En la misma línea, Emanuel Fugazzotto (PV) resaltó la figura del Consejo Minero, la “consulta previa a los pueblos originarios”, el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. “No es la firma de un cheque en blanco. Mendoza tiene que modernizarse y dar una discusión seria. Los invito a no quedarse en el relato de Impulsa Mendoza, porque es la única herramienta para terminar con el perverso pacto minero que tiene nuestro país, y para evitar que las empresas internacionales se lleven nuestros recursos y nos dejen el 3 %”.

Finalmente, Enrique Thomas (PRO), opinó: “Estamos observando dos filosofías en este debate: el 'demorismo' y el 'sospechismo'. Cuando los legisladores no están de acuerdo o no leen los proyectos, entran en la discusión de quién está detrás, empiezan a sospechar. Algunos otros están en el 'demorismo', dicen: '¿Para qué nos vamos a apurar? Tenemos todo el tiempo del mundo', cuando tenemos más del 50 % de pobres en Mendoza. Ese es el apuro”.

A favor y en contra en X (ex Twitter)

Fuente: Con información de Prensa Diputados de Mendoza

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