El gobernador Alfredo Cornejo criticó duramente a la Octava Cámara del Crimen a través de la red social Twitter, luego de que la líder de la Tupac Amaru, Nélida Rojas reclamara los vehículos, terreno y el dinero que le embargaron.

Ahora resulta que Nélida Rojas, de la Tupac, pide que le devuelvan sus 18 vehículos, sus dos terrenos y su cuenta millonaria. Este acto de caradurez e impunidad se lo debemos a la 8va Camara del Crimen

— Gobernador A.Cornejo (@DifusionCornejo)

8 de marzo de 2018

Los dichos de Cornejo se deben a que la defensa de la Tupac Amaru pidió que se declare la nulidad de los secuestros y embargos que se le hicieron a bienes de Nélida Rojas y a algunos familiares y miembros de la organización.

El reclamo deberá ser resuelto por la jueza Cristina Pietrasanta, del Primer Juzgado de Garantías.

El abogado Alfredo Guevara, en su fundamento, utilizó los mismos argumentos que permitieron a la mujer y a parte de su familia, recobrar la libertad tras pasar cuatro meses detenida y que fue dado por la Octava Cámara del Crimen, que fue nuevamente criticada por Cornejo.

El pedido de Rojas es por tres camionetas Toyota Hilux, un automóvil VW Gol; un Peugeot 208; un Citroën Air Cross; una camioneta Ford F100 y una Chevrolet S10. Además figuran algunos camiones, dos de ellos marca Mercedes Benz; un auto Toyota Corolla; otro auto marca Volkswagen Vento; una camioneta utilitaria Ford Transit; un semi acoplado y una motocicleta marca Motomel.

Finalmente existen dos terrenos y un plazo fijo por $ 1,8 millones.

Un fallo controversial para Cornejo

En septiembre pasado, los magistrados Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel firmaron un fallo que dio paso a la liberación de Rojas y de sus familiares, todos con prisión preventiva hasta ese momento, por la figura de la asociación ilícita.

Rojas está siendo investigada por coacción, administración fraudulenta y asociación ilícita, entre otros delitos, producto del accionar de la organización Tupac Amaru y su desempeño en la construcción de viviendas sociales.

La resolución generó una gran conmoción política en Mendoza e incluso el gobernador Alfredo Cornejo lo calificó como "aberrante" y dijo esperar que la Suprema Corte de Justicia revierta el fallo. Además, los denunciantes de Rojas acusaron a los camaristas por presunto mal desempeño.

La instrucción contaba con más de 100 testigos que dijeron ser obligados a pagar una cuota para poder acceder a una vivienda, realizar trabajos para la organización política y formar parte del partido, que lidera Milagros Salas a nivel nacional.

Sin embargo, el máximo tribunal de Justicia aún no resolvió el planteo de la fiscal del caso, Gabriela Chaves, quien instruye en la investigación y quien recurrió lo resuelto por la Octava Cámara del Crimen