Dos fallos machistas evidencian la falta de perspectiva de género en la justicia

Una sentencia trató de “sicarios” y “asesinos a sueldo” a profesionales que garantizaron una Interrupción Legal del Embarazo a una niña de 13 años. Otra resolución eliminó el agravante de odio en el travesticidio de Diana Sacayán.

Dos fallos machistas evidencian la falta de perspectiva de género en la justicia

Foto: www.ruedadeprensa.com.ar

Sociedad

Interrupción Legal del Embarazo

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Unidiversidad / Fuentes: Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; Página/12; Télam

Publicado el 07 DE OCTUBRE DE 2020

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, publicó el repudio a dos fallos judiciales con perspectiva claramente machista: uno, firmado por los jueces Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, y otro, dictado por la jueza Patricia Llerena y los jueces Gustavo Bruzzone y Jorge Luis Rimondi.

“Es inadmisible que existan prácticas judiciales que siguen avasallando los derechos de las mujeres y LGBTI+, e ignorando la perspectiva de género y diversidad”, expresó la titular del Ministerio.

En el primer caso, Anzoátegui y Rizzi cuestionaron la “interrupción legal del embarazo” (ILE) y llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” a quienes garantizaron este derecho a una niña de 13 años abusada por su hermano. En cámara Gesell, ella había asegurado que no quería el embarazo. 

Esta sentencia, en realidad, resuelve dos causas que pesaban sobre un hombre de treinta años: un homicidio y las violaciones reiteradas de su hermanastra, desde que ella tenía cinco o seis años. El tribunal condenó al imputado a treinta y cinco años de prisión, pero Anzoátegui en su voto hizo un “excursus acerca de la muerte de una niña”. Rizzi adhirió a este planteo.

El juez ignora intencionalmente el deseo de la niña y usa la expresión “ideología de género” para referirse al avance de los derechos de mujeres, niños, niñas y personas LGBTIQ+. Trata de “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los y las profesionales que garantizaron el acceso a la ILE, un instituto que tiene casi cien años en la ley argentina. 

Reclaman una justicia con perspectiva de género

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También se manifestó contra los jueces Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales de la Secretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género. Destacó que el Protocolo de ILE es una herramienta que cumple con las causales que el Código Penal de 1921 establece para realizar un aborto no punible y garantiza la atención con un criterio unificado a cualquier persona del país.

“Calificar al Protocolo ILE como un manual de salvajadas humanas es desconocer por completo la ley y los derechos de las personas gestantes”, denunció la subsecretaria. 
 

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Estas acciones se suman a otras, como la de la Cámara Nacional de Casación Penal en el caso Diana Sacayán y evidencian la falta de perspectiva de género en la administración de justicia de nuestro país. La necesidad de transformación es urgente.

En el segundo caso, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la prisión perpetua para Gabriel David Marino por el asesinato de la activista travesti Diana Sacayán, pero le quitó el agravante de "odio a la identidad de género". La resolución lleva la firma de Llerena, Bruzzone y Rimondi.

Sobre este punto se manifestaron Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad, y Carolina Varsky. Revocar el agravante de travesticidio de la condena dictada en 2018 por el Tribunal Oral Criminal 4 de la Ciudad de Buenos Aires “constituye un grave retroceso, ya que el fallo en primera instancia había reconocido por primera vez en la historia judicial argentina el concepto de travesticidio”, destacaron.

Aseguraron que la jueza Patricia Llerena y los jueces Gustavo Bruzzone y Jorge Luis Rimondi niegan la identidad de género por fuera del binarismo sexual, y particularmente la identidad travesti. Para Varsky, “es intolerable sostener un sistema que reproduce desigualdades y las legitima constantemente”.

“Estamos obligadas y obligados a repensar las prácticas, organización y funcionamiento de los poderes judiciales de nuestro país. Hablar de incorporar la perspectiva de género no forma parte de una retórica vacía de sentido sino que implica cambiar de manera rotunda el modo en que se mira cada caso y la integralidad del sistema judicial”, concluyó Carolina Varsky.

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