El conflicto por la venta de 26 hectáreas ubicadas en el paraje Los Sauces, en Tunuyán, donde nueve familias campesinas viven y producen desde hace 30 años, sumó un nuevo capítulo dentro de la pelea judicial.

La última semana de junio, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) se presentó en la causa que tiene la Suprema Corte Provincial como amicus curiae, con el objetivo de frenar la venta, al menos hasta que esté definida la cuestión de fondo.

“Las familias que poseen y habitan en ese inmueble son nueve, y junto a otras nueve se dedican a la cría de animales, la producción de hortalizas y la elaboración de conservas de cereza, pera, duraznos y vino”, dijo el CELS al comunicar su intervención en la causa.

“Es importante resaltar que la DAABO intimó a las familias en 2017 a que desalojaran el terreno y las familias se negaron basadas en el derecho que tienen a la posesión. Es decir que la DAABO avanzó en la venta, un año después, teniendo conocimiento de los derechos que asistían a las familias”, agregó el Centro de Estudios Legales y Sociales.

Campesinos resisten la venta de tierras fiscales en Tunuyán

La operación la concretó el Gobierno, mientras la Suprema Corte analiza la transacción. Nueve familias viven y producen en el lugar desde hace 30 años. Algunas de ellas hablaron con Unidiversidad.

La venta

El proceso de venta de las tierras lo inició el Gobierno en diciembre de 2018 a través de la Dirección de Administración de Activos de los ex Bancos Oficiales (Daabo), la repartición encargada de gestionar el paquete de créditos y bienes de los exbancos de Previsión Social y Mendoza. En total se ofrecieron cinco terrenos: tres ubicados en Tunuyán, uno en San Rafael y otro en San Martín.

En el llamado, publicado en la página web del Ministerio de Hacienda, se detallan las características de cada uno de los terrenos ofrecidos y se aclara que en el caso de Tunuyán, estos se encuentran ocupados. Uno de ellos es el que está en calle Bascuñan, del distrito Los Sauces, donde viven y producen los campesinos.

Los campesinos, que integran la Unión de Trabajadores sin Tierra (UST), presentaron en abril pasado una medida precautoria ante la Justicia; es decir, una especie de amparo para frenar la venta hasta tanto los magistrados dictaminen. La Suprema Corte aceptó el caso y convocó a una conciliación entre las partes, pero aún no tomó ninguna resolución. Es en este marco que se presentó el CELS.