A un año del juicio. Primera parte

El 2014 inició con un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza y finalizó con dos, al sumarse el proceso de San Rafael. En la primera parte del informe, un recorrido por la primera mitad del año del megajuicio que juzga a integrantes de las fuerzas de represión y a exmagistrados de la Justicia Federal.

A un año del juicio. Primera parte

Tribunal Federal conformado por Alejandro Piña, Juan Antonio González Macías y Alberto Fourcade. Fotos: Guadalupe Pregal

Especiales

Guadalupe Pregal

Publicado el 15 DE ENERO DE 2015

Con casi 60 audiencias y más de 150 testimonios, el mayor juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza que se realiza en el Tribunal Federal Oral N°1 tuvo su inicio el 17 de febrero de 2014 con la identificación de los imputados, quienes proporcionaron sus datos personales. Son 15 las causas integradas al megajuicio que darán cuenta de un total de 207 casos de violaciones a los derechos humanos, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios de la justicia federal durante el terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar.

Aquella jornada estuvo signada por el pedido de celeridad por parte del Dr. Dante Vega, representante del Ministerio Público, y por la denuncia del representante de la Procuraduría para Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, quien fue fotografiado por el exmagistrado Luis Miret en plena audiencia. Dijo Auat: “Hace unos minutos un imputado, con su cámara de fotos, me enfocó y me tomó una. En rigor de verdad no me gusta hacer alardes de valentía ni de bravuconadas. Sí puedo decir que no me preocupan, como diría un poeta criollo, ´ni sombras que asustan, ni bultos que se menean´. Pero el objetivo intimidatorio que tiene el hecho concreto de enfocar a una de las partes y tomarle una foto, por parte de un imputado, no puede estar ausente, tiene que ser observado por el Tribunal. Uno de los imputados tiene una máquina, me enfocó y me sacó la foto. Si mal no recuerdo creo que fue el doctor Miret”.

La segunda jornada contó también con acontecimientos sorpresivos como la presentación voluntaria de José Antonio Lorenzo, imputado que era considerado prófugo y que quedó detenido. Aldo Bruno, Timoteo Rosales y Alfredo Castro quedaron apartados del juicio como resultado de los problemas de salud mental con “deterioro cognitivo” surgidos de los informes de los peritos forenses, quienes junto a Francisco López Rodríguez, también miembro del D2 –contra quien se liberó una orden de captura por encontrarse prófugo al inicio del proceso–, quedaron fuera del juicio. Se confirmó que quedan suspendidos por inimputabilidad Menendez, Guzzo, Gomez Saa y Salvarredi. Quedaron provisoriamente suspendidos y en prisión domiciliaria Rosales Amaya, Bruno Perez y Castro Videla.

Con la lectura de los cargos a elevación a juicio quedaron en evidencia el trabajo conjunto de las distintas fuerzas de seguridad –Policía Provincial, Fuerzas Armadas– y la complicidad del sistema de Justicia Federal con el accionar –o la inacción– de magistrados hoy imputados como Luis Francisco Miret Clapés, Otilio Roque Romano Ruiz y Guillermo Max Petra Recabarren.

A finales de marzo se concluyó con la lectura de las acusaciones y el representante del Ministerio Público, fiscal Dante Vega, solicitó el cambio de carátula y la detención de los exmagistrados imputados y de un integrante de la Policía Penitenciaria, quienes gozaban de libertad, pero el tribunal no dio a lugar al pedido.

El defensor del exmagistrado Otilio Romano solicitó al Tribunal que se expidiera sobre el pedido de autodefensa del imputado, pero por decisión unánime fue rechazado por poder vulnerar los derechos de las víctimas.

Abril inició con un cambio de escenario. Por un mes y medio, las audiencias se habían realizado en el Salón de Actos de Tribunales Provinciales y la seguridad de cada jornada estaba a cargo de la Policía de Mendoza, con Juan Carlos Caliri a la cabeza del operativo. Luego de algunos incidentes tanto fuera como dentro del salón despertaron la preocupación de los organismos de derechos humanos como el abrazo entre Caliri y Aníbal Hipólito Guevara, acusado por delitos cometidos en la comisaría 13.ª de Rivadavia, las audiencias se trasladaron a instalaciones de Tribunales Federales.

El expolicía Armando Hipólito Guevara, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la comisaría 13 de Rivadavia bajo accionar del D2, se abraza con Juan Carlos Caliri, responsable del operativo de seguridad.

A partir de la audiencia celebrada el 15 de abril se comenzó con la lectura de la declaración de Romano, un relato lleno de contradicciones y teñido de cinismo. El primero en sentarse en el banquillo fue el exmagistrado Luis Miret, quien buscó, al igual que Romano, mostrarse como ignorante del plan sistemático de la dictadura. Miret declaró frente al TOF1 durante tres largas audiencias. Entre sus dichos, el exmagistrado expresó: "Yo actuaba con la sensibilidad de defensor" y concluyó expresando que tenía la consciencia tranquila. Max Petra Recabarren no se quedó atrás en las estrategias dilatorias, pidiendo también el derecho a la autodefensa cuando ya había sido negada a Romano.

Mayo inició con la última parte de la declaración de Miret y con la declaración del expolicía José Antonio Lorenzo a quien, al no presentarse en la primer audiencia, se le había dado por prófugo y se encuentra ahora detenido. Durante ese mes se realizaron algunas inspecciones de reconocimiento a diferentes edificios que formaban parte de los relatos. El primer sitio fue el espacio donde funcionaron los despachos judiciales federales en los que se habían cometido las violaciones que se estaban investigando: el D2 que funcionó en el Palacio Policial, la VIII Brigada de Infantería de Comunicaciones y la Comisaría 7.ª de Godoy Cruz. El inicio de la etapa testimonial se realizó con Carlos Eduardo Cangemi, sobreviviente del terrorismo estatal y exiliado en Italia desde 1982, quien reveló cómo los exjueces Guzzo, Miret y Petra Recabarren omitieron cualquier tipo de investigación sobre las torturas que había denunciado.

María Rosario “Mariú” Carrera fue convocada para atestiguar sobre las circunstancias de detención de su compañero Rubén Bravo, quien permanece desaparecido. Rosa del Carmen Gómez presentó su testimonio a puertas cerradas. Mayo concluyó con la audiencia número veinte.

Junio inició con la Causa Ravanal, que se enmarca en el operativo de febrero de 1976, a través de los testimonios de Daniel Rabanal, Silvia Ontivero, Nélida Correa, Fernando Rule, Rodolfo Molinas, Oscar Gil –hermano de Miguel Ángel, muerto por las torturas de la patota del D2–, el matrimonio Ivonne Larrieu-Alberto Muñoz y Stella Maris Ferrón, secuestrada junto a sus hijitas en el mencionado operativo contra sindicalistas y militantes cercanos a Montoneros, y de Guillermo Martínez Agüero, uno de los responsables de la organización Montoneros en Mendoza.

Guido Actis declaró sobre su paso por el D2 y las penitenciarías. La abogada Haydeé Fernández desenmascaró el funcionamiento de la justicia y puso de relieve la persecución a los abogados que defendían presos políticos. Además atestiguó Oscar Guidone.

Antes de que comenzara la feria judicial de julio de 2014 declararon Roberto Marmolejo y Silvia Faget, compañera de Santiago Illa, quien permanece desaparecido. Para el retorno de las audiencias se escuchó el testimonio de Elba Beatriz Fernández, quien realizó las primeras gestiones por la detención de su hermana, Haydeé Fernández, en marzo del 76. Nilo Lucas Torrejón, detenido en San Rafael el 26 de febrero de 1976, corroboró la participación de Oscar Bianchi. Daniel Ignacio Paradiso cerró la audiencia de aquel lunes. Vicente Antolín, apresado en la ciudad de Mendoza, Orlando Flores, en San Rafael, y Pedro Coria, en Las Heras cerraron los testimonios de julio.


Las torturas a las mujeres

"Además de las torturas, de la picana, las mujeres pagamos el precio de ser mujeres", declaró Ontivero cuando relataba las situaciones que vivió durante los 18 días que estuvo secuestrada en el D2.

Silvia Ontivero previo a presentar su valioso testimonio

Las ex prisioneras del D2 además de secuestradas y torturadas en el marco dictatorial, fueron violadas sexualmente por sus represores. La aplicación de estas vejaciones sexuales sobre las mujeres se realizó de manera generalizada y sistemática.

En la segunda parte del informe sobre el 4.° juicio por delitos de lesa humanidad, el intento de Romano de obtener la prisión domiciliaria. Además, un septiembre que avanzó a pasos agigantados en la causa que investiga la desaparición de estudiantes de la Escuela Superior de Comunicación Popular, visitas a varios centros clandestinos de detención y el accionar del aparato represivo en Rivadavia.

Fuente: Edicion UNCUYO

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