¿Es posible tener una ley que regule las redes sociales?

Este debate surgió a raíz del anuncio del Gobierno nacional acerca del programa “Redes para el Bien Común”. Consultamos a una especialista en derecho informático para entender si es factible esta legislación y quiénes serían los intervinientes.

¿Es posible tener una ley que regule las redes sociales?

Foto: ilustrativa

Sociedad

Redes sociales

Unidiversidad

Emilio Murgo

Publicado el 31 DE MARZO DE 2022

El Gobierno nacional, a través del secretario de Asuntos Estratégicos y titular del Consejo Económico y Social (CES), Gustavo Beliz, anunció el pasado 29 de marzo la presentación del programa "Redes para el Bien Común". El simple hecho del anuncio generó mucha polémica, particularmente con dirigentes de la oposición. 

Para entender si será posible implementar una ley o pacto que regule la redes sociales, Unidiversidad dialogó con Bárbara Peñaloza, abogada y especialista en derecho informático. “Es un poco arbitrario definir qué es un buen uso o mal uso de las redes sociales, sobre todo si no se tiene en claro quién va a administrar o definir este concepto para todos y cada uno de los casos. Distinto es cuando una persona lleva un caso particular al ámbito de la justicia y allí se define si el uso de las redes sociales, en ejercicio de la libertad de expresión, ha sido abusivo o no”, sostuvo la especialista.

El programa anunciado por el Gobierno, según se informó, busca trabajar sobre el conocimiento profundo del escenario digital actual, la construcción de consensos amplios sobre buenas prácticas en internet, el establecimiento de acuerdos y compromisos entre sectores múltiples, y el asesoramiento de especialistas nacionales e internacionales.

En cuanto a la posibilidad de regulación, Peñaloza opinó: “No es muy factible definir o dar un lineamiento para determinar cómo se deben utilizar las redes sociales. A mi entender, de ninguna manera se va a poder regular el uso que hacen de ellas los usuarios cuando crean un perfil e interactúan”.

La propuesta, en principio, busca establecer pautas de funcionamiento, pero desde su propio entorno, salieron a aclarar que hubo fallas en la comunicación y que la idea no es generar un proyecto de regulación.

El peligro de la sobreinformación y desinformación

La iniciativa del Gobierno contempla un foro abierto sobre ciudadanía en tiempos de redes y sobreinformación, un acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet y un panel transnacional de especialistas en ciudadanía digital. “Es una problemática muy compleja, sobre todo, en el problema de la sobreinformación y la desinformación, ya que este es el gran punto a tener en cuenta en nuestro país y es un gran desafío para toda la ciudadanía digital”, continuó Peñaloza.

A nivel general, se ha notado una gran campaña de desinformación en cuanto a los temas de la pandemia, la COVID-19 y, sobre todo, a la vacunación.

“En mi opinión, la desinformación se combate con información y con educación: por un lado, creo que es fundamental que, desde temprana edad, las infancias sean educadas para poder discernir, para así tener un criterio de la información que circula en internet; por otro lado, algunas empresas (Meta, Google) tomaron algunas medidas para combatir y, sobre todo, filtrar en sus plataformas la desinformación en cuanto a lo sucedido durante la pandemia”, señaló la abogada.

“El Estado debe intervenir, pero desde otro organismo, y ese es el Poder Judicial. Esto se debe dar no tanto dictando normas, ya que serían de imposible cumplimiento. En este sentido, debemos hacer un mayor hincapié en robustecer la protección de los datos personales de nuestro país, ya que, por ejemplo, Argentina tiene una ley que data del año 2000, que ha quedado obsoleta y desactualizada ante la realidad tecnológica, afirmó Peñaloza.

El cuidado de la información y los datos personales

No importa cuántas veces accedas a internet por día, no importa realmente qué páginas visites: lo verdaderamente importante y “lamentable” es entender que, todo el tiempo, corporaciones pequeñas, medianas y grandes hacen y deshacen con nuestros datos lo que quieren. “La mayoría de los países tratan de ejercer una soberanía ante el avasallamiento y poder que tienen las empresas tecnológicas, sobre todo, en la manipulación de los datos de las y los usuarios de redes sociales”, resaltó la especialista en derecho informático.

“En la Unión Europea, sus ordenamientos legales son similares al de nuestro país, pero, en sus casos, cuentan con un reglamento general de protección de datos –ley muy robusta a nivel comunitario– que pone un límite al tratamiento que hacen las empresas privadas tecnológicas de nuestros datos”, concluyó.

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