La presentación fue realizada en las últimas horas por el Centro de Ex-Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, que impulsó la investigación, ante la entidad dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que vela por la protección de los derechos humanos en el continente. "El caso ya fue enviado a la CIDH. La Corte Suprema está dejando al Estado nacional en situación de incumplimiento de los acuerdos firmados por nuestro país en lo relacionado con tratados internacionales de protección de los derechos humanos", explicó Ernesto Alonso, secretario de Relaciones Institucionales del Cecim y titular de la Comisión Nacional de Excombatientes.

El pasado martes 12, la Corte Suprema desestimó un recurso de revocatoria en la causa que impulsaba el Cecim para que los abusos que sufrieron los soldados por parte de sus superiores durante la Guerra de Malvinas fueran considerados delitos de lesa humanidad. En un escrito de tres carillas –firmado por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco– la Corte advirtió que "se ve impedida de pronunciarse sobre la cuestión de fondo", y ratificó una sentencia del pasado mes de febrero, en la cual confirmaba una decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que dictó la prescripción de la acción penal. "La Corte Suprema reivindica la doctrina del Punto Final, no tratando la cuestión de fondo, y sosteniendo 33 años de impunidad que existen sobre estas cuestiones tan sentidas que tienen que ver con las torturas de los soldados en Malvinas", opinó Alonso, y agregó: "La Corte está muy alejada de los intereses y los deseos de nuestra sociedad, que tiene la necesidad de avanzar en este reclamo que los excombatientes mantienen con la Justicia argentina".

La causa

La causa judicial se inició en 2007 con las primeras denuncias presentadas ante el juzgado federal de Río Grande en Tierra del Fuego, y dos años más tarde la jueza federal Lilian Herráez consideró como delitos de lesa humanidad las vejaciones sufridas por los soldados de parte de sus superiores. En la presentación ante la Comisión Interamericana, los excombatientes advirtieron que "si no se revierte esta situación, llegarán sistemáticamente al organismo una infinidad de casos ya presentados ante la Justicia argentina y otros que están empezando a aparecer" a partir de la desclasificación de archivos secretos.

Como contraparte del accionar del Estado, los excombatientes reconocen el avance que significó la decisión del Gobierno Nacional de desclasificar los archivos, así como la creación del Archivo Oral de las Memorias de Malvinas, en el que los veteranos podrán dejar grabado su testimonio para las futuras generaciones, dos medidas anunciadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el último 2 de abril. La nueva documentación –que será pública a partir del lunes 18– contiene archivos históricos de las tres fuerzas armadas, entre los que se encuentran las denominadas "actas de recepción" que debían completar los soldados cuando regresaron al continente, en las que reflejaron los maltratos recibidos durante el conflicto y que los militares les exigieron mantener en reserva.

"Hay infinidad de casos que van a ser demostrados porque aparecen nuevos testimonios totalmente comprobados", dijeron a Télam desde el centro de excombatientes que presentó la denuncia ante la CIDH.