La gestación por sustitución volvió a instalarse en la conversación pública a partir de casos protagonizados por figuras internacionales y nacionales. La práctica implica que una mujer lleve adelante un embarazo para otra persona o pareja que busca convertirse en madre o padre, y genera debates jurídicos, médicos, éticos y políticos en distintos países.

En diálogo con Podría Ser Peor, por Radio U, la comunicadora popular y militante feminista Cintia Alcaraz sostuvo que, desde su perspectiva, es más preciso hablar de “gestación subrogada” y planteó reparos frente a la instrumentalización del cuerpo de las mujeres.

Alcaraz explicó que el debate no surgió originalmente de los feminismos, sino de una discusión jurídica a la que estos espacios deben incorporar sus propios análisis. Uno de los ejes de su posición es la desigualdad económica entre quienes pueden acceder a la práctica y las mujeres que eventualmente llevan adelante el embarazo. “En los países en los que está regulado, lo que se da es un intercambio económico”, afirmó.

También se refirió a las propuestas de gestación altruista o solidaria que han sido planteadas en Argentina y cuestionó que puedan volver a ubicar a las mujeres en un rol asociado al cuidado y la reproducción. Otro de sus argumentos se relaciona con los riesgos propios del embarazo. Según señaló, aunque una gestante comience el proceso en buenas condiciones de salud, no es posible garantizar que no aparezcan complicaciones durante la gestación, entre ellas hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, hemorragias e infecciones.

Durante la entrevista, un oyente planteó el argumento de la autonomía corporal y preguntó: “¿No era tu cuerpo, tu decisión?”. Alcaraz respondió que reconoce ese principio, pero sostuvo que debe analizarse en el contexto económico y social en el que se toma la decisión. “No estoy ejerciendo un derecho sobre mi cuerpo, estoy entrando en el mercado de los deseos de otros”, expresó.

La comunicadora consideró que la discusión debería exceder el ámbito jurídico e incorporar dimensiones políticas, bioéticas y relacionadas con las desigualdades de género. A su vez, sostuvo que una persona que decida participar voluntariamente debería contar con información suficiente sobre los riesgos y las implicancias de la práctica. “Un país no debe regular las formas de explotación de la vida moderna”, concluyó al plantear su posición sobre el debate.

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