El crecimiento patrimonial informado por funcionarios y dirigentes en sus declaraciones juradas volvió a generar dudas sobre cómo se calculan esos valores y qué significa realmente un aumento porcentual. En diálogo con Podría ser Peor, el especialista en consultoría tributaria Sebastián Mancuso explicó que un incremento del patrimonio no necesariamente implica que una persona haya incorporado nuevos bienes o se haya enriquecido en la misma proporción. “Es muy difícil establecer qué es lo que generó ese aumento sin ver la propia declaración jurada”, aclaró.

Una declaración jurada no es una foto congelada

Mancuso explicó que los patrimonios pueden modificarse de un año a otro por distintos motivos. Uno de ellos es la actualización de la valuación de los bienes, especialmente en contextos inflacionarios. Un inmueble, por ejemplo, puede tener una valuación fiscal diferente al año anterior, y eso impacta en el patrimonio declarado, aunque su propietario no haya comprado una nueva propiedad.

También pueden influir las variaciones del tipo de cambio. “Uno puede tener dólares ahorrados y ese dólar ahorrado está a un tipo de cambio. El año pasado estaba al tipo de cambio del 31 de diciembre de 2025 y, cuando llega a fin de año, lo tiene que valuar al 31 de diciembre de 2026”, explicó. Por eso, una variación porcentual del patrimonio, por sí sola, no permite determinar si hubo un enriquecimiento real.

El especialista remarcó, además, que quienes están obligados a presentar declaraciones juradas deben informar todos sus bienes, tanto en Argentina como en el exterior. Esto incluye propiedades, vehículos, cuentas bancarias e inversiones. Tener dinero o una cuenta fuera del país, explicó, no significa necesariamente que exista una irregularidad. El problema aparece cuando esos activos no son declarados ante el fisco.

El desafío de formalizar la economía

En ese punto, Mancuso vinculó las declaraciones patrimoniales con uno de los problemas estructurales de la economía argentina: la informalidad. Según explicó, el Gobierno busca incentivar que los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero puedan incorporarse a la economía formal mediante herramientas como el régimen de “inocencia fiscal” y el esquema simplificado de Ganancias.

La intención es que quienes tienen dólares u otros activos no declarados puedan incorporarlos al sistema sin enfrentar determinadas sanciones o cargas retroactivas, para así incentivar el uso del dinero en la economía formal. “Es una apuesta que está haciendo el Gobierno con eso”, sostuvo Mancuso.

Consultado específicamente por los bienes y cuentas en el exterior que puedan tener funcionarios, el especialista fue categórico: “Todos los activos que pueda tener un contribuyente, tanto en el país como en el exterior, tienen que declararse”. Aclaró que una cuenta en el exterior no constituye por sí misma una irregularidad si está correctamente informada y se tributa por los ingresos que genera.

Para Mancuso, el problema de fondo excede a las declaraciones juradas y plantea un debate sobre el sistema tributario argentino. Consideró necesario reducir la presión impositiva, especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas, al mismo tiempo que se amplía la cantidad de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. “Si se incrementa la base de contribuyentes que pagan los impuestos, eso va a permitir, en algún momento, bajar las alícuotas”, afirmó.

El desafío, concluyó, es lograr una economía con mayor nivel de formalidad y una presión tributaria que permita a empresas y trabajadores desarrollarse sin quedar atrapados en la informalidad. “Tratar de mejorar la productividad de la economía y que más gente pague impuestos, pero que los impuestos que paguen no sean tan asfixiantes”, sintetizó.

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