Romano fue juzgado en ausencia ya que un día antes de ser suspendido, el 14 de agosto, se fugó a Chile, donde pidió asilo político y obtuvo visa transitoria por 8 meses.

Una vez destituido, Romano perderá la inmunidad de arresto y se activará un pedido de captura internacional que ya formuló el juez federal, Walter Bento, que investigó 103 denuncias en su contra por su actuación como fiscal federal y juez federal subrogante entre 1976 y 1983.

Se trata del segundo camarista federal de Mendoza en ser juzgado por amparar delitos de lesa humanidad, incluidas múltiples violaciones a mujeres detenidas bajo su jurisdicción, ya que en marzo fue destituido su colega Luis Miret.

Hernán Ordiales y Carlos Moreno, miembros del Consejo de la Magistratura que actuaron como fiscales, pidieron el 24 de noviembre pasado la destitución de Romano al considerar que fue “funcional al aparato represivo del terrorismo de Estado”, y “deshonró el cargo con el que fue investido por las instituciones de la democracia”.

La defensora oficial Fabiana León pidió el rechazo de la acusación porque “los miembros de la justicia federal no tenían ninguna posibilidad de controlar” los delitos.

El Jurado está integrado por siete miembros, las juezas María Alicia Noli y María Susana Najurieta; los senadores Rolando Bermejo y Emilio Alberto Rached; los diputados Oscar Albrieu y Ricardo Buryaile; y el abogado Fabián Antonio Sahade, y se requieren los dos tercios de los votos para la destitución.