Luego de recibir dos denuncias que cuestionan la tala de 700 árboles en el Parque General San Martín, la Fiscalía de Estado emplazó a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial a presentar en 40 horas un informe y justificar el corte de estos ejemplares. El plazo se vence el martes 7 de febrero, cuando el órgano de control decidirá si corresponde la suspensión del proceso o que continúe su curso.

Dos denuncias ingresaron a la Fiscalía: una, firmada por la titular de la Fundación Cullunche, Jennifer Ibarra; la otra, por la representante de la Asamblea por el Arbolado Público, Teresita Capezzone. En ambos escritos se detalla que no existen informes técnicos ni ambientales que justifiquen la tala de los árboles, por ejemplo, que la fundamente en su mal estado.

El asesor de la Dirección de Asuntos Ambientales de la Fiscalía de Estado, Nicolás García Bistué, explicó que no decidieron suspender la medida sin antes pedir informes porque si realmente los árboles están en mal estado, esto podría significar un riesgo para la población. Por esto, la intención es analizar la respuesta del Ejecutivo y luego tomar una decisión.

García Bistué señaló que desde hace tiempo solicitan informes al área de Medio Ambiente sobre el estado general del arbolado público de Mendoza y sobre el funcionamiento del Consejo del Arbolado Público, que por ley debería ser el ente técnico que aporta propuestas sobre este verdadero patrimonio de la Provincia.

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