El gobernador firmó hace poco más de dos meses el congelamiento tarifario que dejó sin chances a las eléctricas de incrementar las tarifas tal como estas reclaman desde principios de 2014. Sin embargo, las distribuidoras aún no firman la adhesión que permitiría implementar ese acuerdo y le piden a Francisco Pérez que ponga fecha a la audiencia pública en la que se definirá un nuevo esquema de incremento, que deberá ser paulatino y a partir del 1.º de enero de 2016.

Así, lo que el Gobierno nacional pretendía, que era mantener congeladas las tarifas en la previa de las elecciones, estaría logrado. Eso sí: la próxima gestión asumiría con un nuevo esquema tarifario y debería subsanar el costo social de aplicarlo, teniendo en cuenta que los empresarios reclamaban hasta el año pasado 60 por ciento más, a lo que se sumará el incremento de este período.

Si el Gobierno no accediera al pedido, los empresarios podrían a la Justicia a reclamar la inconstitucionalidad de lo firmado por Pérez. De hecho, el año pasado firmaron y están recibiendo los fondos, pero de igual manera se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia y ese reclamo judicial está pendiente. Lo que concretamente aducen es que no se cumple lo pactado en el contrato de concesión.

El pedido de audiencia pública se concretó este miércoles en una nueva reunión que mantuvieron los empresarios con Francisco García Ibáñez, secretario Legal y Técnico de la Gobernación. En esa reunión se habló de los fondos retrasados porque, según advierten las distribuidoras, de lo prometido el año pasado sólo les ha llegado el 40 por ciento que iba a ser destinado a obras de infraestructura. El resto, a pesar de estar certificado en Buenos Aires, aún está pendiente. Lo que el Gobierno necesita es que las distribuidoras le firmen los convenios de aplicación de lo firmado en Buenos Aires con Julio de Vido.

El ministro de Energía, Marcos Zandomeni, confirmó que seguirían en diálogo con las empresas e intentarían destrabar fondos. Asumió que la audiencia pública debería realizarse, aunque descartó que ya estuviera la fecha elegida. Inicialmente se iba a hacer el año pasado, cuando las empresas reclamaban un incremento tarifario del 60 por ciento, pero de manera sorpresiva el gobernador la dejó sin efecto al igual que el aumento al transporte, que finalmente oficializó el 2 de febrero. Ahora el Gobierno tiene dos posibilidades: retrasa la fecha de la audiencia para después de las elecciones, en busca de la oportunidad política, o acepta el pedido de los empresarios para que se concrete en los próximos meses.

Otro de los pedidos elevados por los empresarios es por el 40 por ciento de incremento salarial que están reclamando los trabajadores de Luz y Fuerza. Aseguran que no pueden encarar un nueva paritaria con este esquema de costos y es por esto que también solicitarán al Gobierno de una ayuda especial.

La nueva reunión se concretará la semana entrante. Aún no está fijado el día pero se sabe que el Gobierno insistirá con la firma del decreto de congelamiento, al cual las empresas deben adherir, mientras que las distribuidoras exigirán que se ponga fecha a una audiencia pública para revisar tarifas.