La Corte Suprema de Justicia marcó el segundo semestre al frenar el aumento aplicado desde marzo a usuarios domiciliarios de gas. En su fallo, el Alto Tribunal no incluyó al sector comercial y empresario.

En esta oportunidad, el Gobierno actuó como gerenciador del Estado y no opinó sobre el fallo. Es más: de inmediato hizo el llamado a una audiencia pública, tal como se lo ordenó la Corte. La decisión quedó plasmada en el Boletín Oficial de la República Argentina de hoy, viernes 19 de agosto. La cita será el lunes 12 de septiembre a las 9.00 en la Usina del Arte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es evidente que la audiencia pública, un paso que siempre ha sido minimizado por todos los actores de los procesos tarifarios, hoy es elevada a un rango fundamental en este camino sinuoso en el que se metió el Gobierno nacional.

Los medios gráficos (impresos y digitales) coinciden en interpretar que se trató de un revés para Mauricio Macri. A la par, los analistas concuerdan en que el Presidente se confió en el crédito público obtenido en las elecciones. En la Casa Rosada, el Jefe de Estado tuvo un brote de bronca con sus asesores, pero eligió acatar el fallo sin comentarlo.

Otra conclusión económica aportada por los medios financieros es que esta sentencia “cargó con 10 mil millones de pesos al gasto público”.

En tanto, en Mendoza, Alfredo Cornejo “casi” interpreta el fallo, pero se contuvo y deslizó el riesgo de que se caiga parte de la obra pública, apuntando a sus gestiones para avanzar con las hidroeléctricas, en especial Portezuelo del Viento, “una obra que está financiada con fondos del Estado nacional”.