Quien ha dado la cara desde la Iglesia Católica mendocina ha sido Marcelo De Benedectis. El vocero del Arzobispado confirmó que desde el Vaticano han requerido información y que considera que “Francisco seguirá el tema muy de cerca”.

Auguró que casos como los detectados en Mendoza son "los últimos coletazos de una práctica que ha hecho muchísimo daño a las familias, la comunidad y la institución eclesiástica". De Benedectis aseguró que “por algo pasaron estas cosas” y que esto obliga a una revisión general de cómo se han venido manejando dentro de la Institución. "Ante la denuncia se inicia una investigación civil y otra canónica, con la suspensión de la actividad del sacerdote", expresó De Benedectis, quien agregó que se puede destituir a las autoridades eclesiásticas y prohibirles la actividad espiritual.

En el sentido de los modos de control institucional, De Benedectis subrayó que hace décadas no se hacían controles de antecedentes de los religiosos, sino que se obedecían las órdenes de los superiores que los designaban. Eran mecanismos de funcionamiento que se basaban en la confianza.

"En 1996 no era tan común googlear", sostuvo. En cuanto a los antecedentes de uno de los detenidos, el italiano Nicola Corradi, advirtió que no conocían su historial: “No había papeles, rumores, nada sobre estos hechos gravísimos” dijo.