Escuchas custodiadas

El Senado de la Nación analiza un proyecto de ley que sanciona la filtración de escuchas judiciales con hasta cuatro años de prisión y juicio político para jueces y fiscales. Será debatido en el recinto de sesiones la próxima semana.

Escuchas custodiadas

Imagen ilustrativa tomada de enter.co.

Nacional Unidiversidad por Unidiversidad / Fuente: Télam / Publicado el 12 DE ABRIL 2018

Un proyecto de ley que sanciona la filtración de escuchas judiciales con hasta cuatro años de prisión y juicio político para jueces y fiscales obtuvo hoy dictamen unánime de la comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores, y será debatido en el recinto de sesiones la próxima semana. La iniciativa, impulsada por el bloque justicialista, obtuvo el respaldo de los legisladores de todas las bancadas. El expediente responsabiliza a los funcionarios judiciales, así como a los encargados de participar de la realización de las escuchas, y se dejó a salvo de las sanciones a quienes las difundan como un hecho periodístico para salvaguardar la libertad de prensa.

Además, se le impone a la Dirección de Escuchas Judiciales la necesidad de tener una cadena de custodia muy estricta y la confección de un protocolo que deberá ser aprobado por la Corte Suprema de Justicia, de la cual depende. También se le requiere una serie de obligaciones a las empresas de telecomunicaciones que reciben las órdenes judiciales para llevar a cabo los procedimientos.

El proyecto establece un régimen de responsabilidad para todos los que intervienen en la operación, incluyendo a jueces y a fiscales. Además, las escuchas no podrán extenderse por más de treinta días, a menos que haya una orden judicial para su prórroga.

Las sanciones previstas en la norma van desde la "falta grave administrativa" a los cuatro años de prisión y establecen, en el caso de magistrados y funcionarios judiciales, la posibilidad de ser acusados, además, por "mal desempeño en sus funciones" y pasibles de juicio político. La violación a las normas de la cadena de custodia, sin importar si eso genera una filtración, será considerada como "falta grave administrativa". Asimismo, serán castigados con prisión de seis meses a dos años quienes, obligados a guardar el secreto sobre la información, violaran ese deber de confidencialidad. Finalmente, se penará con prisión de dos a cuatro años a quien "a sabiendas, divulgare, comerciare o entregare para su difusión" las escuchas.

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