Han pasado 40 años, y sin embargo, cuando Fernando Vaca Narvaja desciende en el aeropuerto de Trelew, siente que el corazón se le estruja. No puede evitar recordar a su compañera de entonces, Susana Lesgar, que no corrió con la suerte del ex número 2 de Montoneros y fue recapturada después de la fuga del 15 de agosto de 1972.

“Aquella vez me pude despedir de mi compañera con un beso cuando subí al pabellón de las mujeres. La tengo presente a esa última sonrisa. Tampoco me voy a olvidar cuando uno miraba desde la ventanilla del avión y nos alejábamos”, dice, en una entrevista con el diario Perfil.

Vaca Narvaja vuelve porque la justicia avanza. Lenta, en este caso, pero avanza. Va a formar parte de la primera de las audiencias por los fusilamientos de 19 de sus compañeros, con los cuales había tratado de huir de la cárcel de esa ciudad.

Los perros de la muerte asesinaron salvajemente a Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, Humberto Segundo Suárez, José Ricardo Mena, Humberto Adrián Toschi, Miguel Angel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos Del Rey, Eduardo Campello, Clarisa Rosa Lea Place, Ana María Villarreal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon, María Angélica Sabelli, Mariano Pujadas y Susana Lesgart.

"En el caso de Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar no lograron el resultado de muerte, ya que fueron heridos gravemente y actualmente están desaparecidos en hechos posteriores al relatado”, según puntualiza la elevación a juicio.

“Adonde vayan los iremos a buscar”

El juicio oral por la "Masacre de Trelew",  se inició en el Centro Cultural "José Hernández" de la ciudad de Rawson  cuatro décadas después de los hechos, sucedidos el 22 de agosto de 1972 en la base naval Almirante Zar.

En la sala estuvieron, además, cinco de los siete imputados: Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge Del Real, Carlos Marandino, Jorge Enrique Bautista y Rubén Paccagnini.

En cambio, Horacio Alberto Mayorga no estará en el banquillo por haber sido declarado inimputable por motivos de salud y Roberto Guillermo Bravo, si bien está imputado, no será parte del juicio porque no se logró su extradición desde Estados Unidos, donde se radicó poco después de los hechos de 1972.

En la recorrida realizada durante una de las audiencias, Bautista, el único de los imputados que se hizo presente, aseguró que  “en principio fueron 7 los que sobrevivieron al tiroteo. Pero cuatro fallecieron en la sala de enfermería de la base. Algunos de ellos desangrados”. Las  declaraciones del sumariante de 87 años que camina ayudado con un bastón, no aportan demasiada claridad pero acentúan las contradicciones de la versión militar.  “Había más cadáveres en la parte de adelante que en la de atrás del pasillo. Es que atrás era donde estaban los que lograron sobrevivir. Y ya habían sido retirados a la enfermería para ser atendidos. De todas maneras supe enseguida que cuatro de ellos habían muerto”, dijo Bautista.

En otra indagatoria ante el juez Guanziroli, Bautista afirmó además que fue enviado luego de los hechos por el mismo presidente de facto, Agustín  Lanusse para investigar  una supuesta fuga de los reclusos de la base Almirante Zar, y un tiroteo que terminó con la muerte de varios de ellos.

Otra vez contradiciendo la versión oficial, y aunque avaló la hipótesis de la fuga, el acusado aseguró que nunca se dio un intercambio de disparos. “Depende de lo que entendamos por tiroteo. Acá no hubo tiros de los dos lados, no hubo tiroteo", aseguró.

El entonces sumariante, ratificó el sumario de 1972 para el que interrogó a los marinos acusados por las muertes y les creyó todo, mientras que, tras cumplir igual trámite con los sobrevivientes, opinó que Ricardo Haidar y Alberto Camps le dijeron que los 19 presos habían sido fusilados con metralletas PAM y en su mayoría rematados con tiros de gracia de pistolas calibre 45, lo mismo que sostuvieron en otras declaraciones ulteriores, hasta ser detenidos-desaparecidos.

Estos datos son de vital importancia para la fiscalía y para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, porque determinan que estos hechos puedan catalogarse como delitos de lesa humanidad. Sólo así se podrá hablar de la existencia de la imprescriptibilidad de los crímenes y, por ende, probar los diferentes grados de responsabilidad de los acusados.

La investigación de los fusilamientos comenzó con la denuncia de los Alberto Pedroncini y David Baigún, presentada en 2005 ante la Justicia Federal porteña. “Entre la documentación que presentaron figura un manual de reglamentos del Ejército elaborado en 1968 y que rigió desde entonces, la mayoría firmados por el entonces jefe del Ejército Agustín Lanusse, que describen mecanismos psicológicos, operaciones antisubversivas, exterminio del elemento subversivo, operaciones contra la guerrilla urbana”, apunta Germán Kexel, abogado de la Secretaría en un reportaje concedido a Página 12.

Resulta determinante comprobar a partir de estos hechos que el genocidio argentino que se profundizó a partir de 1976, no empezó de un día para otro, sino que se venía trabajando desde hacía varios años.

 

La historia abre las puertas de las celdas y de la memoria

La ex Base Almirante Zar no es lo que era. Luce blanca, iluminada, ya no tiene calabozos. Fueron derribados después de los hechos de hace 40 años.

Pero no era así entonces. El frío invierno del 72 calaba los huesos de los militantes que después de entregarse a los militares luego del intento de fuga del penal de Rawson, fueron trasladados a la Base bajo la promesa de un juicio justo.

La rendición fue pactada en el viejo aeropuerto de Trelew, adonde 19 militantes no llegaron a tiempo para alcanzar el avión que los trasladara a Chile. Sólo seis de ellos, Mario Roberto Santucho, Marcos Osatinsky , Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna, lograron huir.

Al ver frustradas sus posibilidades,  los evadidos ofrecieron una conferencia de prensa y entregaron sus armas sin oponer resistencia ante los efectivos militares de la Armada que mantenían rodeada la zona, solicitando y recibiendo públicas garantías para sus vidas en presencia de periodistas y autoridades judiciales.

Una patrulla militar bajo las órdenes del capitán de corbeta Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la Base , fue el encargado del traslado de los prisioneros hacia ese destino, y no a la cárcel de donde habían escapado, aduciendo que en ese lugar no estaban dadas las condiciones para garantizarles seguridad.   

Inmediatamente llegados al nuevo lugar de reclusión, las cosas comenzaron a empeorar. El juez Alejandro Godoy, el director del diario Jornada, el subdirector del diario El Chubut, el director de LU17 Héctor "Pepe" Castro y el abogado Mario Abel Amaya, quienes acompañaban como garantes a los detenidos, no pudieron ingresar con ellos y debieron retirarse.

Después de varios días de reclusión, sometidos a condiciones infrahumanas, la noche del 22 de agosto sobrevino la masacre.  Sosa, Bravo, Del Real y un cuarto oficial ya fallecido de apellido Herrera "se presentaron en el lugar de detención", según relata el requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscalía.

"Encontrándose como guardia el cabo Marandino, se les ordenó a los detenidos que doblaran sus mantas y sacaran los colchones para que los dejaran en el extremo del pasillo por donde se ingresaba a dicho sector, luego de lo cual se los hizo formar en fila en el pasillo".

Les ordenaron luego que se formaran "algunos orientados hacia el ingreso del mismo y otros hacia las celdas de enfrente", con la vista hacia el suelo, "tras lo cual junto con los otros oficiales y suboficiales abrieron fuego contra los detenidos", consigna el mismo texto.

Como consecuencia de la lluvia de disparos o de los tiros de gracia fallecieron 16 de los 19 prisioneros fusilados.

Según la prensa de la época,  Horacio Mayorga, viajó hacia la zona tras la matanza y pronunció un discurso ante sus camaradas que transparentó el pensamiento de la fuerza en torno al cruento episodio. "No es necesario explicar nada. Debemos dejar de lado estúpidas discusiones que la Armada no tiene que esforzarse en explicar. Lo hecho bien hecho está. Se hizo lo que se tenía que hacer. La muerte está en el plan de Dios no para castigo sino para la reflexión de muchos", dijo textualmente ante la tropa. Mayorga, hoy declarado inimputable.

El diputado nacional del Frente para la Victoria e hijo de desaparecidos Horacio Pietragalla, sintetiza el pensamiento de todos los que buscan en esto un nuevo paso hacia la verdad y la justicia. “El juicio se da en un  marco histórico. Hay que tener en cuenta que se tardaron 40 años en procesar a los fusiladores, por lo que tiene relevancia histórica. Además hay que tener en cuenta que los fusilamientos fueron antes que la dictadura del 76, pero lo mismo son considerados ahora como delitos de lesa humanidad, más allá de los años que hayan pasado. Es importante saber que Trelew fue un punto de inflexión, en el que se marca lo que vendría después. Por eso me parece que esto es algo que el pueblo de Trelew, los argentinos y los familiares nos merecíamos, como una manera de encontrar justicia”.