Si los ánimos ya estaban caldeados en Brasil, desde que se supo de la llamada telefónica que Dilma hizo a Lula las cosas se han puesto color de hormiga. Y es que en la llamada en cuestión, la misma que fuera hecha pública por el juez federal Sergio Moro –encargado de la investigación en el caso de corrupción de Petrobras–, la actual presidenta de Brasil le informa a su predecesor que le hará llegar rápidamente su decreto de nominación como ministro. “Úsalo sólo en caso de necesidad", le dice Rousseff a Lula, una frase en la que muchos entienden que el exmandatario se está jugando su inmunidad ante la justicia.

La respuesta no se hizo esperar por parte de los abogados de Lula, que han dicho que con esta filtración se busca provocar la convulsión social en el país. También respondió Rousseff, quien dijo que la llamada sólo respondía a un interés puramente burocrático y que el envío del acta para su firma era por si el exmandatario no podía estar presente en la toma de posesión de los nuevos ministros, una ceremonia programada para ese jueves. Desde Presidencia agregaron también que se tomarán “todas las medidas judiciales y administrativas para reparar la flagrante violación de la ley y la Constitución cometidas por el juez” a la hora de revelar la llamada telefónica.

Poco o nada le importaron las explicaciones a los manifestantes, que una vez más salieron a las calles a pedir la renuncia de Dilma Rousseff. Algo similar ocurrió en el Congreso, donde los parlamentarios de oposición insistieran en la salida de la mandataria, contra quien iniciaron hace meses un proceso de impeachment.

Con su nuevo cargo como ministro de la Casa Civil (funciones similares a las de Primer ministro), Lula queda aforado y por lo tanto ya no debe responder ante la justicia común, sino ante el Supremo Tribunal Federal. El pasado 4 de marzo, el juez Moro detuvo a Inácio Lula Da Silva brevemente, en su domicilio, para interrogarlo por sospechas de corrupción y blanqueamiento de dinero.