El flamante Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, con tan sólo dos días en su rol, se prefigura como uno de los imprescindibles. Además de la nobleza de su carácter, trae en su cabeza un programa de reformas bien estudiadas. Confiesa que es poca su predisposición a hablar pero, mal que le pese, el diálogo con el periodismo lo reconforta y anima; después de todo, sabe que tan necesario es hacer acuerdos posibles en el interior de la conducción política del Poder Judicial de la provincia, como atender la forma en que los discursos le llegan a la sociedad. Edición Cuyo le abrió las puertas de la que es también su casa, ya que dicta una Maestría en Ciencias Penales y es titular por concurso de la Cátedra de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNCuyo.

En el periodismo hay una discusión importante en torno al significado de la neutralidad. Hay quienes sostenemos que la noción de neutralidad está superada a nivel científico, ya que es una herencia del positivismo. Es decir: siempre que, como personas, nos instalamos en el mundo, vamos cambiando nuestra visión respecto de las vivencias y conocimientos que poseemos, por lo tanto tenemos una parcialidad. ¿Qué posturas defienden por lo común los jueces en torno a la posibilidad o no de ser neutral?

Me parece que el tema de la neutralidad, como algo que no es del todo posible, no está en el debate, al menos no de manera explícita, sí lo está en el lenguaje implícito. Lo que yo creo es que en el Poder Judicial de alguna manera está instalada la idea de neutralidad ideológica, idea que lleva a pensar que somos a-políticos. Es una idea equivocada, ya que los actos del Poder Judicial son también actos de gobierno y cualquier fallo tiene también una carga política importante. En las situaciones en las que nos toca decidir, se puede discutir si se puede tener cierta neutralidad sobre si una persona se llevó un yogur de un supermercado. Ahora bien, después viene otra instancia donde, de acuerdo a cómo uno se sitúe frente a ese hecho, si le carga ese conflicto enteramente al autor, o también a la sociedad, o bien se le carga también al empresario que oferta libremente a personas necesitadas productos a su alcance. Es decir, a quién se le imputa el conflicto, si al chico que robó el yogur, al supermercado o a la sociedad, implica una toma de posición sobre la forma en que se distribuyen los costes de un hecho, lo cual implica que la neutralidad empieza a retroceder. Habrá alguno que diga: "No, se llevó un yogur, tiene que pagar". Otros dirán que es insignificante y entonces introducen un elemento que excluye la posibilidad de imputación de un hecho.

Entramos en el terreno de la hermenéutica jurídica,  que se contrapone a la vieja de idea de simple aplicación de la letra de la ley.

Entramos a un terreno donde es difícil que no se filtre, de algún modo, alguna toma de posición ideológica. Yo no lo quiero decir de este modo, ya que por ahí se torna confuso. Quiero decir, obviamente que los jueces, al igual que cualquier persona, son portadores de ideología. La otra vez me preguntaron en una radio que si ahora (N. de la R: se refiere a partir de su ingreso a la Corte) se perdería un poco la ideología y lo que dije fue que eso no se pierde nunca. Por supuesto que el trabajo judicial supone objetividad, pero uno siempre habla desde algún lugar.

¿Y cómo repercute esto en la disputa por el poder dentro del ámbito judicial?

Creo que se está empezando a notar más que hay diferentes posturas, lo cual existió siempre, pero estaba muy solapado. Yo soy de los que dicen: "Basta de eufemismos". Claro que antes esto pasaba en un Poder Judicial mucho más uniforme; ahora se está produciendo una fractura, de hecho es lo que ha quedado de manifiesto con el último comunicado (N. de la R: se refiere al Pronunciamiento sobre una “Justicia Legítima”, donde los firmantes aseguraron no sentirse representados por la Comisión Nacional de Protección de la Independencia Judicial), cosa que me parece sana para las instituciones, para la ciudadanía y para el Poder Judicial.

Hay otra preocupación diferente a la neutralidad, que tiene que ver con satisfacer la necesidad de saber qué fue lo que pasó en los últimos años, con la dictadura militar concretamente. Con los juicios de lesa humanidad, da la impresión de que el avance es precisamente por haber dejado de ser una valoración ideológica sobre el genocidio, para tratarse de una verdad histórica.

Quería decir precisamente eso antes cuando hablábamos de la ideología, que hay que salir del discurso de la ideologización en el tema lesa humanidad. Es que eso enturbia la discusión y de algún modo, da lugar a la deslegitimación en la que algunos están interesados. Cuando alguien le entierra un puñal a otro, se acabó la discusión. Cuando alguien desparece a otra persona, la tortura, y también mata de manera masiva, se terminó la ideología.  En eso no hay discusión alguna, se mató a miles de personas, ¿qué ideología hay ahí? Ninguna. La discusión ideológica es, en todo caso, sobre si hay que juzgar o no, pero se acabó el debate ideológico cuando el Estado mata masivamente como lo hizo el Estado terrorista.

Cabría pensar que esto mismo repercute en otros ámbitos. Al menos en el periodismo, donde también dejó de ser una preocupación exclusiva el problema del sesgo en la información en un sentido u otro, para pasar a ser un problema del ciudadano que se pregunta por qué tiene que leer titulares que le mienten en relación a un hecho que ha sucedido.    

Eso es maravilloso, lo que está pasando a ese nivel en la información permite que uno pueda anticiparse al sentido de lo que va a leer, según el medio que toma, es algo que habla bien de las cosas que empiezan a ocurrir ahora en el país. 






Raúl Eugenio Zaffaroni habla de "criminología mediática".¿Qué grado de influencia tienen los medios en la determinación de los jueces a la hora de juzgar delitos desde su punto de vista?  A veces da la impresión de que los medios son parte de una misma política criminológica, es decir, como si fiscales y medios actuasen en un mismo sentido.

Puede ser que la impresión sea que la resolución judicial refleja el interés del periodismo. Entiendo que mucho de eso es porque en la prensa está instalado el discurso de la seguridad. El modelo de la seguridad, que es un modelo de más derecho penal, de menos garantías para los ciudadanos, empieza a tener sus reflejos en la política. Esa circulación también puede pensarse al revés, ya que de alguna manera se está instalando el contra-discurso y eso cada vez más aparece reflejado en el Poder Judicial.  Ya no se puede decir que el modelo de seguridad sea el modelo dominante, al menos a nivel judicial. Yo diría que es casi políticamente incorrecto dentro del Poder Judicial. Ningún académico ni ningún juez se sitúa hoy como neopunitivista, lo cual tiene que ver con que también hay un contramodelo que se está instalando. Digo que se está instalando porque a ese nivel, es decir, a nivel de los medios,  la discusión pasa por más derecho penal, más intervención, con lo cual los términos de la discusión se pierden. No obstante, se escucha cada vez con más fuerza poner en tela de juicio esa idea.


La idea más puesta en tela de juicio es que la justicia es una u otra dependiendo de la condición social de las personas, que no es lo mismo vender droga en el Dalvian que en el Lihué. Hasta en un homicidio culposo cometido en una ruta, parece que no es lo mismo que el conductor haya sido, por caso, un empresario.

Pareciera que todo el mundo reconoce que el sistema es selectivo, lo toma como una verdad, lo cual es indiscutible. En Dalvian pareciera que no se vende droga, no hay ni un solo caso; en el barrio Lihué, en cambio, todos los días. La justicia federal se dedica básicamente a eso. Doy un ejemplo de hace unos años. Tuvimos un caso de la muerte de varios internos en San Felipe, tuvimos el juicio en la Cámara del Crimen: eran seis jóvenes que en un motín quedaron encerrados, no pudieron salir; fue muy desesperante ya que murieron ahogados y quemados en las celdas, hecho que de por sí acarreaba una responsabilidad muy grande del Estado que era evidente. Al mismo tiempo que se juzgaba ese hecho tremendo e indignante, se juzgaba el caso de Rasguido, que eran dos hermanos que salieron a defender una 4x4, también un hecho gravísimo, ya que mataron a uno de ellos y el otro quedó inválido. La nota diferencial era que se trataba de gente de clase media, por lo cual ese sí era tema de tapa de los dos diarios, mientras que el caso de las seis muertes de San Felipe mereció un suelto muy escueto. Yo lo puse en la sentencia, dije ahí que las vidas del penal valen menos o tienen menor peso.


La estigmatización de los medios de comunicación es de todos los días. Hace poco se dio a conocer un informe, según el cual un preso le cuesta a Mendoza 5.000 pesos, y algunos diarios lo presentaban como si fuese algo horroroso, que el Estado gastara tanta plata en mantener a un preso. 

Pero son los mismos medios que señalan que las tasas de reincidencia son tremendas, entonces, ¿en qué quedamos? Pareciera que no querés hacer nada, sólo cargarle todo el coste a ese tipo que está preso, eso es como no hacerse cargo de nada. Primero, lo dejás afuera; después, cuando delinque, le echás toda la culpa a él y lo mandás preso, cuando está preso no querés hacer nada para los presos. Después sale y vuelve a reincidir y  le volvés a cargar todo el coste a él. En definitiva, ¿cuándo asumís vos lo que te toca, como Estado o como sociedad?

En este sentido, de la Ley Petri, ¿podemos decir que representa un retraso en términos de derechos y garantías? 

Prefiero no opinar sobre esa Ley ya que puede ser judiciable. Lo que sí puedo decir es que el Estado tiene un mandato que viene de los Pactos internacionales, que es un mandato de rehabilitación. El mandato de rehabilitación es un mandato de inclusión, es decir, que ningún discurso que profundice la exclusión puede ser acorde con los pactos internacionales.

En estos casi 20 años que lleva de magistrado, ¿percibe que los casos como el hacinamiento y las condiciones inhumanas en la cárcel –situación que le valió a la provincia una condena internacional- lo sensibilizan especialmente?

Sí, desde siempre. Desde que era abogado, antes incluso siendo estudiante, y después como juez, he tenido especial sensibilidad por el vulnerable.  Me acuerdo de que en San Martín cuando era Fiscal, el Juez tenía que resolver la situación de un grupo de peruanos que se organizaban para cometer hurtos, y claro, los hurtos eran excarcelables, pero no tenían domicilio fijo, entonces el Juez les negaba la excarcelación mientras que yo apelaba todo eso ante la Cámara. Era el año 1993. Obviamente, perdía todas esas apelaciones ya que la Cámara le daba siempre la razón al Juez. Con respecto a la cárcel, me pasa lo que le pasa a algunas víctimas negadoras, porque me impresiona mucho. Claro que también me sensibiliza la gente que se deja el alma por el trabajo de reinserción de los presos, creo que son gestos que hacen falta, además de políticas claras en materia de ejecución penal. Como Poder Judicial, tenemos el deber de controlar que las condiciones de detención no sean indignas y ofrecer alternativas, condiciones de resocialización, aunque sean utópicas.