Un mapa de la salud mental

El próximo año se realizará en Mendoza el censo previsto en la Ley de Salud Mental. Pese a no contar con esta herramienta, el Observatorio de Salud Mental elaboró el año pasado su primer informe anual, en el que determinó el perfil de los usuarios que se atendieron en los hospitales públicos que cuentan con el servicio.

Un mapa de la salud mental

Imagen ilustrativa

Sociedad Unidiversidad por Verónica Gordillo / Publicado el 19 DE JULIO 2013

El año pasado, 15.906 personas fueron atendidas por los equipos de salud mental de algunos de los 22 hospitales públicos mendocinos que cuentan con este servicio. El dato oficial formará parte del censo previsto en la nueva Ley de Salud Mental, que implica un cambio de paradigma y reconoce a los usuarios como sujetos de derecho.

La ley 26.657, que se reglamentó hace dos meses, no es una norma específica sobre salud, sino que marca un piso mínimo de derechos para los usuarios y las usuarias de los servicios de salud mental y sus familias, los que han sido vulnerados durante años. La norma prohíbe la creación de nuevos manicomios o instituciones monovalentes, públicas o privadas, y le pone un freno a las internaciones involuntarias, que quedan sujetas al control de un órgano de revisión.

Durante un encuentro sobre la temática, que se realizó hace dos semanas y fue organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la UNCuyo, los expositores coincidieron en que existe un abismo entre lo que marca la ley y la realidad. La razón es que durante años se trató a la población usuaria de los servicios de salud mental como objetos de tutela del Estado, sin acceso a derechos mínimos.

Un censo necesario
La coordinadora del Área Comunidad y Derechos Humanos de la Dirección de Salud Mental, Cecilia Pelliza, coincidió en que la implementación de la ley no será fácil. Dijo que implica un cambio sustancial en la forma de abordar la temática, ya que obliga a pasar de una política voluntarista a una nueva visión en la que el Estado se convierte en garante de los derechos de los usuarios.

Para empezar a transitar el camino del cambio, ya se reúnen integrantes de distintos ministerios con el objetivo de definir cómo estará conformada la comisión intersectorial prevista en la ley, que será el órgano que arbitre los mecanismos para que una persona no quede internada, sino que tenga opciones de atención ambulatoria. También se están reuniendo funcionarios, familiares de usuarios de los servicios de salud mental y especialistas de diversas temáticas, para conformar el órgano de revisión de internaciones involuntarias, otro de los mecanismos previstos en la ley.

Pero para iniciar el cambio es necesario contar con información sobre la situación de la salud mental en Mendoza, por lo que el año próximo se realizará el censo previsto en la ley. Pese a que aún no existe esta herramienta, desde el 2011 el Ministerio de Salud puso en marcha el Observatorio de Salud Mental, que cuenta con algunas estadísticas sobre la atención en los servicios de salud mental de los hospitales públicos de la provincia.

Durante el primer año de trabajo, solo participaron nueve hospitales de los 23 centros públicos que hay en la provincia; en 2012 la cifra se elevó a quince, y para el año próximo aportarán datos 21 hospitales, según explicó Guillermo Andreucetti, encargado del procesamiento de la información. El observatorio también cuenta con algunos datos sobre la atención en los dos únicos hospitales monovalentes de la provincia, El Sauce y Carlos Pereyra.

Usuarios y diagnósticos
Según los resultados del primer informe anual del Observatorio, en 2012 los servicios de salud mental de 15 hospitales atendieron a 15.906 personas, de las cuales 9.732 fueron mujeres (61 por ciento) y 5.842 varones (37 por ciento).

El informe también determinó el perfil de las mujeres que fueron atendidas. La mayoría recibió un tratamiento ambulatorio (52 por ciento), no tenía cobertura social (48 por ciento) y no completó la educación primaria o secundaria (14 por ciento en ambos casos). Las estadísticas también muestran cuáles fueron los principales diagnósticos: trastornos del humor y afectivos, trastornos neuróticos por situaciones estresantes, riesgo potencial para su salud por razones económicas o psicosociales y trastornos de la personalidad y del comportamiento del adulto.

En cuanto a los varones usuarios de los servicios, que durante 2012 fueron 5.842, la mayoría recibió atención ambulatoria (30 por ciento), no tenía obra social (47 por ciento) y no completó la primaria o la secundaria (22 y 11 por ciento, respectivamente). Las principales causas de atención de los varones fueron: trastornos neuróticos por situaciones estresantes, trastornos de humor y del comportamiento, esquizofrenia y trastorno de ideas delirantes.

Los informes elaborados por el Observatorio también brindan un panorama sobre la situación en los dos hospitales monovalentes de la provincia: El Sauce y Carlos Pereyra, aunque la información se circunscribe a los diagnósticos de egresos de los usuarios.

En el caso del Hospital Carlos Pereyra, está publicado el informe 2011 sobre las primeras causas diagnosticadas de egreso, sobre un total de 1.165 usuarios de ambos sexos. Entre ellas están: la esquizofrenia, los trastornos de la personalidad, los trastornos producidos por el uso de alcohol y de drogas y los episodios depresivos, entre otros.

Reforzar la red pública
La Ley de Salud Mental establece que, para el 2020, se cierren los hospitales monovalentes y quienes requieran atención sean atendidos en los hospitales generales. El responsable de la Red Hospitales de Salud Mental, Carlos Cabo, explicó que buscan reforzar el sistema para que las personas sean atendidas en su lugar de residencia, inclusive si requieren de una internación. Por eso, incrementaron el número de camas destinadas a ese fin, que pasaron de 24 a 97 en cinco años. Otro de los desafíos es reforzar el sistema de urgencias de salud mental y capacitar al equipo profesional de la guardia, para que puedan atender estos casos, sin importar la especialidad que tengan.

Cabo coincidió en que la implementación de la ley llevará tiempo, pero señaló que desde hace veinte años se está produciendo un cambio que derribó prejuicios y permitió a las personas demandar asistencia en salud mental.