Hace un año atrás, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, anunciaba finalmente que no reglamentaría la ley 9209, la cual facilitaba la explotación minera en la provincia al modificar la 7722, y llamaría nuevamente “un diálogo abierto” para lograr el consenso social, cosa que nunca consiguió.

Pese a que el Gobierno provincial y la oposición consideraban que existía consenso social para reformar la Ley 7722, que imposibilita la utilización de sustancias tóxicas para la actividad minera, gran cantidad de mendocinos y mendocinas, miembros de la 'Asamblea del Pueblo de Mendoza por el Agua', la Iglesia Católica y algunos sectores del Conicet expresaron su repudio y preocupación por la situación y obligaron a las autoridades provinciales a dar marcha atrás con la decisión.