Por 29 votos afirmativos, 6 negativos y 1 abstención, la Cámara de Senadores dio sanción definitiva a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que habilita el emprendimiento PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata. Este aval al proyecto del Ejecutivo provincial es una marca histórica en el complejo camino que ha tenido la actividad minera en Mendoza, provincia que ha buscado, en distintas etapas, avanzar en la extracción de recursos metalíferos y que cuenta con uno de los marcos legales más restrictivos del país para llevar adelante estos procedimientos.

Con la luz verde obtenida en la Legislatura, la iniciativa deberá ser ratificada y reglamentada por el Gobierno de la provincia. Luego, la empresa PSJ Cobre Mendocino, que pertenece a Zonda Metals GmBH (Suiza) y Alberdi Energy (Argentina), tendrá vía libre para iniciar la fase de factibilidad y, posteriormente, avanzar con la obra civil. Por último, si todo transcurre por los carriles legales, será el tiempo de la explotación y extracción cuprífera (algo que no sucedería antes de 2028).     

En paralelo a la sanción legislativa, hubo diversas manifestaciones y marchas en contra del proyecto a desarrollarse en la Estancia El Yalguaraz, a 37 km de Uspallata y 97 km de de Capital. Pero para entender esta resistencia de diversas organizaciones sociales y grupos ambientalistas hay que remitirse casi dos décadas atrás, a 2007, año que se sancionó la Ley provincial 7722.

Para entender la historia de la minería en Mendoza durante el siglo XXI es necesario mirar el devenir de la Ley 7722. La norma establece qué sustancias químicas (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico) no pueden usarse en la extracción de metales en la provincia. A su vez, exige la ratificación legislativa de la DIA para cada proyecto. Así, la norma brindó marco regulatorio a proyectos metalíferos de gran escala. Para algunos sectores fue un freno a la actividad y, para otros, fue un respaldo a la protección de los recursos naturales estratégicos, como el agua. 

El marco normativo de la 7722 fue el respaldo que tuvieron las y los legisladores en 2011 para rechazar el primer intento de habilitar el proyecto minero San Jorge. Un año antes, una candente audiencia pública realizada en Uspallata abrió la puerta a la propagación de diferentes organizaciones en defensa del ambiente. Entre ellas, las llamadas “asambleas por el agua”, con sedes en diferentes zonas de la provincia. 

El debate por la minería se había polarizado. La propuesta desde el Gobierno provincial y un sector empresario era la siguiente: hay que diversificar la matriz productiva de Mendoza y la minería es el camino. La respuesta desde las organizaciones que defienden el agua podia sintetizarse en el lema “no hay licencia social” para avanzar con la megaminería.  

Esta disputa tuvo su capítulo más importante a fines de 2019, cuando el recién asumido gobierno de Rodolfo Suarez (Cambia Mendoza) intentó, como primera medida, modificar la 7722 (con la Ley 9209). El trámite avanzó de manera exprés en la Legislatura. Sin embargo, esta modificación despertó una serie de movilizaciones que tuvo su pico con una importante manifestación que terminó con represión policial. Tras ese contexto, la iniciativa que flexibilizaba la 7722 para habilitar proyectos mineros se terminó derogando. Fue un duro golpe para los sectores que impulsaban la extracción metalífera. 

Dos años después, en 2021, llegó otro momento clave para la ley, mientras la polarización continuaba. En barrios y calles se sostenían carteles que decían “La 7722 no se toca” o “El agua es de Mendoza, no se negocia”. Luego de pasar por varios tribunales, la Corte Suprema de la Nación definía si la norma era constitucional o no. El máximo tribunal sostuvo que la provincia tenía competencia para dictar esa norma, en virtud de sus facultades ambientales. La Corte consideró que la prohibición sobre el uso de ciertas sustancias peligrosas (como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico) era legítima. 

De todas maneras, la Corte sí declaró inconstitucional una parte del párrafo específico de la ley, en el artículo 1, que prohibe el uso de “otras sustancias tóxicas similares”. Es decir que la mención genérica a “otras sustancias” fue considerada “indeterminada” e “imprecisa” desde el punto de vista técnico-legal. Esa decisión envalentonó a los promotores de la minería. 

Obrador de PSJ en la estancia El Yaguaraz.

Tras el cambio de Gobierno, en 2023, volvió a la gobernación Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza), quien también enarboló la bandera de la minería como uno de sus ejes de campaña, pero cambió la estrategia. Su objetivo fue impulsar la minería metalífera, pero sin modificar el fondo de la 7722. Así, tomó decisiones administrativas con aval legislativo, como la reforma del Código de Procedimiento Minero y la creación de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), para aglutinar diferentes proyectos zonificados bajo una misma DIA. 

En simultáneo, tomó nuevo impulso el proyecto de Uspallata y fue rebautizado como PSJ Cobre Mendocino. El mandatario tomó un rol protagónico y buscó, con viajes al exterior y presencia nacional, instalar el debate por una “minería sostenible”. Este camino tuvo su corolario con la sanción final de la DIA para el yacimiento en Uspallata. 

En defensa del proyecto San Jorge 

Legisladores y legisladoras que avalaron el proyecto cuprífero, que incluyó apoyo de la oposición, sostuvieron con su voto que el procedimiento contempló un amplio esquema de participación ciudadana: consulta pública, talleres, visitas técnicas y la realización de una Audiencia Pública con la correspondiente difusión (aunque polémica por el lugar remoto elegido, lejos de la ciudad cabecera). Indicaron que la DIA introduce, además, una metodología que distingue las fases de construcción, operación, cierre y post-cierre, y organiza su contenido en cinco ejes: Agua, Biodiversidad, Patrimonio cultural y Qhapaq Ñan, Aire y emisiones, y Participación ciudadana y control social. 

Asimismo, el texto de la norma contempla la conformación de la Unidad de Gestión Ambiental del Proyecto, un Fondo Socioambiental y de Compensación, y un programa de monitoreo participativo que incluye el Sistema Integrado de Monitoreo y Alerta Temprana (SIMAT). Además, la empresa deberá aplicar Programas de Integridad que alcancen a toda su cadena de contratación y actualizar la Declaración Jurada de Buenas Prácticas mediante informes de sostenibilidad y un Protocolo de Vinculación Comunitaria.  

Acá podés encontrar por qué es importante la DIA.

En contra de PSJ 

Desde las organizaciones en defensa del agua las objeciones apuntan a que PSJ compromete recursos hídricos esenciales, vulnera la protección ambiental consagrada en la Ley 7722 y carece de respaldo social. Además, sostienen que los estudios técnicos están incompletos. 

En particular, apuntan al riesgo para la disponibilidad y calidad del agua, un recurso estratégico en una provincia que arrastra más de una década de crisis hídrica. Indican que los estudios sobre el arroyo El Tigre, que será fuente de agua para el yacimiento. 

En esa línea, reclaman que son insuficientes los estudios presentados sobre el recurso hídrico, biodiversidad, patrimonio arqueológico e impacto social. En síntesis, sostienen, una vez más, que “no hay licencia social” para la megaminería en Mendoza. 

Marcha contra PSJ en la Ciudad de Mendoza. Foto publicada por eleditormendoza.com.ar

PSJ Cobre Mendocino en números 

• Estiman una inversión total entre USD 559–600 millones. Distribuidos en: USD 462 millones para construcción e infraestructura, USD 81 millones para operación inicial y USD 14–16 millones para cierre y post-cierre ambiental. 

• Calculan en 40000 tonelada de cobre fino proyectadas.  

• Estiman en 16 años de vida útil, con una posible extensión hasta 27 potencial. 

• Desde la empresa sostienen que requerirán 3900 empleos en construcción y 2400 en operación (entre empleos directos e indirectos). Sin embargo, estas cifras están en duda desde diferentes sectores. 

• El proyecto abarca 9984 hectáreas de concesiones mineras en Estancia Yalguaraz, Uspallata. 

• En cuanto a la obra. Los tiempos proyectados son de 18 a 24 meses para construcción (fase civil y planta), siempre y cuando se cumplan todos los trámites y aprobaciones. Por esta razón, las versiones más optimistas hablan de 2028 como posible año de iniciación. 

• Sobre el agua del arroyo El Tigre. Según el informe del Departamento General de Irrigación, la minera precisó que durante la etapa de construcción se tomarán 6 litros por segundo. En la etapa de operación, se tomarán 141 litros de agua por segundo del cauce del arroyo. Mientras que en la etapa de cierre la extracción promedio será de 1,8 litros por segundo. Las mayores dudas sobre el recurso están en la demanda para la etapa de operación, ya que no hay registros que garanticen ese caudal sostenido a lo largo del año. 

Cómo sigue el proyecto tras la aprobación de la DIA 

Más allá de la celebración por parte del Gobierno por haber podido avanzar con un proyecto metalífero de mediana escala tras varias décadas, restan etapas clave para que la fase de explotacinón se concrete. 

Tras la reglamentación por parte del Ejecutivo provincial, llega la llamada “fase de factibilidad económica y técnica”, que requiere estudios técnicos detallados, confirmación de viabilidad económica y los ajustes financieros necesarios para avanzar.  

Luego, llega una fase de optimización de ingeniería, donde se suma y profundiza información al informe inicial. Es el paso previo a la puesta en marcha de la obra civil y construcción final.