Gabriela González Trilla tiene una postura tomada respecto de la reforma a la Ley de Glaciares que impulsa el Ejecutivo: dijo que la norma actual es clara, que no avanza sobre los derechos de las provincias y que los cuerpos a proteger están delimitados en el Inventario Nacional de Glaciares. Agregó que, aun si analiza la reforma desde la mirada de un inversor, los cambios que impulsa el oficialismo, lejos de cumplir el objetivo de brindar seguridad jurídica, abren un escenario de incertidumbre, de turbulencia, porque distintas organizaciones ya advirtieron que, de aprobarse, plantearán su inconstitucionalidad, ya que vulnera el principio de no regresión en material ambiental, es decir que siempre se puede proteger más, pero nunca retroceder.

La mirada de González Trilla no se ciñe a su saber profesional, sino a la gestión, es decir, a la puesta en práctica del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, el título de la Ley 26630 que se aprobó en 2010 y que ahora se busca modificar. La profesional, que se desempeña en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental (IIIA) del Conicet y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), presidenta de la Fundación Ecosistemas Azules y miembro de Mujeres en Agua de Unesco, fue directora nacional de Aguas durante el período 2019-2023, justamente, el área técnica que tiene la responsabilidad de llevar adelante la implementación de la norma.

Aun posicionándose claramente en la legalidad y claridad de la ley actual, durante su charla con Unidiversidad, la ecóloga puso el foco en despejar dudas, en explicar aspectos que, asegura, se repiten como verdades, pero no lo son. Aclaró que su propósito es alejarse de las grietas, pero, al mismo tiempo, aportar respuestas sobre la importancia de una norma que durante 15 años y, con gobiernos de distinto color político, se puso en práctica sin inconvenientes.

La ley determinó que Ianigla sea el encargado de la realización y actualización del inventario. Foto: Ianigla

Reforma y audiencia pública

¿Qué se busca reformar? La ley brinda una protección amplia a los glaciares y al ambiente periglacial por ser reservas estratégicas de agua dulce, y fija un piso mínimo de protección que deben respetar todas las provincias, a partir del cual pueden decidir, teniendo en cuenta que son las dueñas originarias de los recursos naturales. La reforma propuesta acota esa tutela a los cuerpos de hielo que cumplan una función hídrica efectiva y relevante para la recarga de cuencas hidrográficas, y prevé que sean las provincias, mediante estudios, las que determinen si cumplen o no esa función, a diferencia de la mecánica prevista en la norma actual, por la que el Instituto de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla-Conicet) es el que incluye los objetos en el Inventario Nacional de Glaciares de acuerdo a estándares científicos.

La ley determina la prohibición de realizar algunas actividades en las zonas de ambientes glaciares y periglaciares con el objetivo de evitar que se afecte su condición natural o que se interfiera en su avance. Estas son: la construcción de obras (salvo las necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos), la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, y la instalación de industrias.

La reforma ya tiene media sanción del Senado y la intención oficial es tratarla en Diputados en abril. Sin embargo, las autoridades de esa cámara aceptaron convocar a una audiencia pública, una prerrogativa establecida en el acuerdo de Escazú, que la Argentina ratificó y tiene rango constitucional, y que obliga a abrir caminos de participación ciudadana cuando se traten temas ambientales. Ya hay 27 mil personas y organizaciones inscriptas, según expresó en la red X el legislador Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-ARI), uno de los impulsores de la audiencia, por lo que pidió que se amplíen los días para ese proceso.

La audiencia se realizará en dos jornadas: el 25 de marzo, en forma presencial, y el 26 en forma remota. La inscripción para personas y organizaciones estará abierta hasta el 20 de marzo a las 16. Para participar, es necesario completar el formulario disponible en la página web de Diputados.

Vista de los glaciares colgantes de la pared del Aconcagua. Foto: M Castro

Dudas y respuestas

González Trilla respondió a algunos de los cuestionamientos que realizan sobre la ley quienes apoyan la reforma que se trata en el Congreso.

Planteo 1: La ley es poco clara. No delimita con claridad qué se protege.

Respuesta: Trilla expresó que la claridad de la ley es absoluta, porque tiene un instrumento que es el Inventario Nacional de Glaciares, que delimita los cuerpos de hielos que están protegidos por ese régimen de presupuestos mínimos. El inventario —expresó— es espacialmente explícito, tiene una delimitación que dice: "Acá comienza el cuerpo de hielo y acá termina", información que está disponible en el sitio web.

Planteo 2: La ley protege a todos los glaciares, cuando se debe limitar a los que tienen significancia hídrica en las distintas cuencas.

Respuesta: Trilla explicó que en el inventario existen los glaciares descubiertos, como el Perito Moreno; los que están cubiertos por una capa de roca o detrito; los manchones de nieve y, en cuanto al ambiente periglacial, lo único protegido y que se incluye son los glaciares de escombro. Estos tienen una morfología muy particular, porque están constituidos por roca que tiene agua en su interior, en sus intersticios, es decir que no son de agua, sino con agua, y que son característicos de las provincias del centro-norte del país, por ejemplo, San Juan o Catamarca. Respecto de esos glaciares de escombros es que en la reforma se plantea si tienen “significancia hídrica”, es decir, el aporte que hacen a las cuencas, con una clara intención de eliminarlos del inventario. Desde los ámbitos ambientales, explicó la investigadora, se responde con el concepto de “significancia ambiental”, porque en ambientes semiáridos o áridos el impacto del agua es mucho mayor a su volumen por tratarse de ecosistemas donde hay una escasez hídrica marcada. Entonces, en esos ambientes, cada gota cuenta. Dijo que es necesario entender el contexto, porque no es lo mismo ese aporte en un ambiente húmedo que tener ese mismo aporte hídrico en un ambiente seco, en un ambiente árido. Entonces, esta cuestión de entender el contexto es justamente lo que hace que el Ianigla decida inventariar de todo el ambiente periglacial solamente a los glaciares de escombros. No se trata de un capricho: se trata de que realmente tienen una función hídrica que va mucho más allá del volumen de agua almacenado, tienen que ver con el impacto de esa agua en ecosistemas que son áridos.

Planteo 3: La ley avanza sobre el dominio originario que tienen las provincias sobre sus recursos naturales.

Respuesta: La investigadora dijo que no existen contradicciones, ya que la Ley de Glaciares se complementa con el dominio originario de las provincias, que nadie pone en duda, lo que se traduce en el territorio a través de la decisión que toman las provincias a partir de estudios de impacto ambiental para aprobar o no los proyectos y de los que no deben dar cuenta a la Nación. Explicó cómo funciona en la práctica esa complementariedad: los glaciares están protegidos a través del inventario, pero sobre los alrededores de los glaciares decide pura y exclusivamente la provincia, dependiendo de si tiene un enfoque más proteccionista o más desarrollista, lo que es parte de los colores del federalismo. Comentó que la ley funciona como una especie de ordenamiento de la alta montaña, donde los elementos que son clave —en este caso, los glaciares— están inventariados y protegidos por una ley de presupuestos mínimos. Expresó que esa complementariedad entre los presupuestos mínimos y el dominio originario lo detalló la Corte Suprema de Justicia al fallar sobre la constitucionalidad de la ley.

Planteo 4: La ley implica conflictividad entre Nación y provincias por la imposibilidad de estas últimas de poner en marcha proyectos por las restricciones.

Respuesta: La investigadora negó que exista conflictividad y subrayó que una prueba de esto es que hay muchos emprendimientos mineros próximos a glaciares de escombro. Aclaró que no hay una prohibición de establecimiento de un proyecto en la medida en que no se expanda por arriba de los glaciares. Consideró que es diferente si se quiere avanzar sobre esos glaciares, ya que eso sí está prohibido.

Planteo 5: La ley no brinda seguridad jurídica a quienes buscan invertir en proyectos de diversa índole.

Respuesta: La profesional dijo que la ley es clara y sólida respecto de la delimitación de las zonas de protección. Consideró que la reforma que plantea el Ejecutivo no cumple con el objetivo que tiene el oficialismo de generar seguridad jurídica, ya que los inversores necesitan un escenario de claridad y tranquilidad, y cree que un escenario de debate, no solo parlamentario, sino social, con un alto nivel de disconformidad respecto de muchos sectores que se han pronunciado en contra de la reforma, solo plantea inestabilidad. Dijo que los inversores deben tener la certeza de que van a poder establecerse y que no va a haber una objeción respecto de su implementación o su desarrollo en el territorio. Por el contrario, explicó que se plantea un escenario turbulento y de incertidumbre, teniendo en cuenta que muchas ONG ya manifestaron que si la reforma avanza en Diputados plantearán recursos de inconstitucionalidad al considerar que viola el principio de no regresión ambiental, es decir que siempre se puede proteger más, pero nunca menos, según los lineamientos del trato de Escazú, que tiene rango constitucional.