Financiamiento universitario: cronología de una ley que no se cumple

Sociedad

En agosto pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en su 96.° plenario de rectoras y rectores, se reunió en Bariloche y acordó que los recursos necesarios para el año que viene son 11 billones de pesos. Este monto contempla la recomposición necesaria para la aplicación plena de la ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, está un 33 % por arriba de lo que prevé el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, que son unos 7,3 billones de pesos.

El Grupo EPC (Economía, Política y Ciencias), dependiente del Ciicti, presentó un informe sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto de 2027 y, en el capítulo sobre las universidades, dio cuenta del desfinanciamiento al que se refiere el CIN.

Siguiendo al Grupo EPC, “el financiamiento público de las universidades nacionales se plasma en el presupuesto en el Programa 26 de Desarrollo de la Educación Superior, dentro de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Ese programa afronta una caída real desde el 2023 del 21,2 %. Se consolida con ello la pérdida presupuestaria del 2024 (-21,3 %) y el 2025 (-3,6 %) y se revierte la leve mejora del ejecutado 2026 al proyectar un deterioro real del 1,1 % para el año entrante”.

En tanto, otra manera de poner en evidencia la evolución del gasto es mostrando qué porcentaje del PBI nacional representan las universidades, que pasó de del 0,712 % en 2023 al 0,541 % en 2026”, según indica el Grupo EPC. Esta caída no cambia en 2027, sino que la profundiza, ya que la iniciativa del Gobierno nacional que ingresó a la Cámara de Diputados proyecta para el financiamiento universitario un total del 0,514 % del PBI.

Tomemos otro punto de vista, en este caso, del Centro de Investigación de Economía Nacional, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Este equipo indica que, durante los años 2024 y 2026, “el financiamiento universitario cayó significativamente en términos reales en el marco de una política generalizada de ajuste fiscal por parte del oficialismo. Dada la relevancia de los gastos salariales al interior del presupuesto, dicha caída afectó directamente el poder adquisitivo de los docentes y no docentes, así como el funcionamiento general de las universidades”.

En esta sintonía, indica que el presupuesto vigente de 2026 es un 25,3 % inferior al devengado en 2023 (lo efectivamente destinado). “En cambio, si comparamos los presupuestos devengados entre enero y julio de 2023 contra el mismo período de 2026, observamos que el ajuste presupuestario asciende al 40 %”.

Presupuesto devengado (2026 vigente) programa Desarrollo de la Educación Superior a precios constantes (2026 según inflación promedio de Indec y proyecciones REM). Base 2023=100 Fuente: Presupuesto Abierto, Indec y BCRA

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), encabeza el reclamo por mayor financiamiento en su rol de presidente del CIN y sostiene que los números proyectados por el gobierno dejarían un margen insuficiente para afrontar los gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Entre ellos, mencionó los servicios básicos como electricidad, agua y gas.

Según destacó diario Perfil, Bartolacci afirmó: “El tema es tan serio que requiere responsabilidad, entonces evito las afirmaciones alarmistas. Ahora, en este caso, aseguro que si nosotros (las universidades) no logramos introducir modificaciones sustantivas y razonables al proyecto del presupuesto elevado por el Poder Ejecutivo en el debate parlamentario, vamos a tener serias dificultades, no para desarrollar con normalidad todo el año que viene, sino para empezar nuestras actividades en el 2027”.

Adriana García, rectora de la UNCUYO, también advirtió por la pauta de gastos, por lo que convocó a las y los legisladores nacionales que representan a Mendoza. En esa reunión, dijo: “Nuestra universidad es muy grande, y acá estamos hablando no solamente del tema sueldos, que de por sí ya es drástico, sino del funcionamiento. Y les cuento que vamos en bajada. En el 2020, teníamos el 4 % del sistema universitario; en el 2026, teníamos el 3,67 %, y ahora, para el 2027, según esa planilla, vamos a tener el 3,61 %. O sea, vamos en un franco desfinanciamiento”.

Qué puede llegar a pasar

Está claro que el conflicto por el financiamiento universitario atravesará las negociaciones por el Presupuesto 2027. La diferencia entre lo que prevé la iniciativa del oficialismo y lo que reclama el CIN será parte de las discusiones. En una visión optimista para el gobierno, el proyecto debería ser tratado en el recinto antes de que termine noviembre, pero nada garantiza que se pueda alcanzar ese objetivo y es muy probable que el Ejecutivo nacional deba convocar a debatir más allá del periodo de sesiones ordinarias.

En este contexto, mientras la ley de Financiamiento Universitario sigue obteniendo apelaciones judiciales por parte de la gestión que encabeza Milei, la presión que realicen la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto será determinante para garantizar los recursos necesarios para sostener el sistema universitario nacional.