Aborto legal: "Falta una campaña pública de información por parte del Estado"

Así lo indicó a Radio U la médica y directora ejecutiva del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes). Avances y progresos a dos años de la ley de aborto legal.

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Publicado el 29 DE DICIEMBRE DE 2022

A dos años de la sanción de la ley de interrupción legal (ILE) y voluntaria (IVE) del embarazo, los avances son significativos, pero aún persisten barreras que dificultan el fácil acceso al aborto legal en el país. Una de las grandes deudas es para Mariana Romero, médica y directora ejecutiva de Cedes, que todavía no han existido grandes campañas públicas que concienticen e informen sobre los derechos que garantiza la 27.610, lo que describió como un rol indelegable del Estado.

“Hay muchísimas iniciativas de la sociedad civil, de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, pero nunca ha habido una campaña pública sostenida por parte del Estado”, dijo la titular del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes).

En Mendoza, las barreras para acceder a un aborto son territoriales, materiales y humanas

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Aclaró que si bien existen muchas herramientas que funcionan correctamente, como el 0-800 de salud sexual, acceder a información sobre el derecho al aborto implica todavía que las personas tengan que ir a buscarla por sus propios medios. Esta realidad hace que llegar a un aborto legal sea más difícil para las mujeres o personas gestantes de sectores vulnerables o que viven en zonas alejadas a las ciudades.

Foto: Facebook Aborto Legal Mendoza

Romero señaló que desde 2020 los progresos son palpables. Pese a que el primer año de la ley transitó durante la pandemia y en medio de una fuerte política sanitaria abocada a frenar la COVID-19, el Estado logró distribuir los insumos y medicamentos necesarios para un aborto seguro, capacitar y sensibilizar a los equipos médicos y avanzar en el número de instituciones públicas de salud que dan acceso a esta práctica: 60% de ellas distribuidas en todo el país.

Entre las trabas, Romero mencionó el tema de las objeciones de conciencia que no han sido expresadas como tales por parte de profesionales.

“Nuestra evaluación desde el Cedes no es necesariamente la objeción de conciencia, que está fundamentada. El problema son las objeciones de conciencia que no son expresas y que a veces no están ligadas a una decisión del equipo de salud, sino que están ligadas a la obstaculización o a la falta de compromiso para cumplir con la ley. Entonces ‘ese objetor’ traba la información, no deriva, es decir, no cumple con aquellas responsabilidades y obligaciones que la ley le impone a una persona que objeta conciencia”, explicó Romero.

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