El 67% de las objeciones de conciencia para no practicar abortos fue ilegal

Sociedad

La implementación de políticas de salud relativas al acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), desde la sanción de la ley 27610, no es uniforme. Para monitorearla, Amnistía Internacional lleva adelante investigaciones en territorio, realiza pedidos de acceso a la información pública, mantiene entrevistas con actores claves y trabaja en articulación con organizaciones de la sociedad civil de diferentes partes del país. Además, desde 2021, la organización tiene a disposición un formulario online de consulta, asesoramiento y denuncia en el que se pueden reportar obstáculos en el acceso al aborto, solicitar información o realizar reclamos.

Sobre la base de todas estas fuentes, Amnistía explicó que, desde su asunción en 2023, el Gobierno nacional ha incorporado la retórica de la batalla cultural contra lo que llaman “ideología de género” a decisiones concretas de política pública. El resultado son áreas desfinanciadas, programas discontinuados, políticas interrumpidas, falta de insumos esenciales, desinformación y estigmatización de quienes reclaman o garantizan derechos. Es un escenario en el que se deterioran las condiciones materiales, institucionales y simbólicas necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos. 

En lo concreto, las barreras y obstáculos para acceder al derecho al aborto se manifiestan en la falta de medicación, demoras evitables, concentración de la atención en pocos efectores, desinformación, malos tratos, prácticas intimidatorias, barreras económicas y profundas desigualdades territoriales. 

La Nación se retira y entre las provincias se profundizan las brechas. Foto: Lautaro Báez (2024)

Porque cuando la Nación se retira, las provincias hacen, por separado, lo que pueden. Actualmente financian más del 75 % del gasto en salud y responsabilizarlas de la compra de insumos sin transferirles recursos solo profundiza las brechas. Y, según Unicef, la inversión anual por niña, niño o adolescente puede variar hasta siete veces según la provincia en la que viva. 

“El sistema de compras centralizadas permitía reducir costos, planificar la provisión y procurar un piso equitativo de acceso a derechos en todo el país. Cuando ese acceso queda sujeto a la capacidad de cada jurisdicción, las mujeres y personas gestantes en situación de mayor vulnerabilidad quedan más expuestas a abortos inseguros y a riesgos para su salud y su vida”, puntualizó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.  

Una respuesta sanitaria debilitada

Según el relevamiento de Amnistía, más de la mitad de las provincias informó carecer de stock de misoprostol y casi la totalidad reportó desabastecimiento de mifepristona y combipack (mifepristona y misoprostol). De hecho, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSyR) reconoció que desde diciembre de 2023 recibió solicitudes de distintas jurisdicciones en relación con la programación de entregas, el estado de las compras nacionales y la disponibilidad de insumos esenciales para acceder al aborto. Al menos ocho provincias, entre ellas Mendoza, consultaron específicamente por misoprostol y/o mifepristona. Pero ya a principios de 2025, luego de una dilación indebida de más de un año, la DNSSyR formalizó su decisión de no avanzar con la compra de insumos iniciada en 2023 por la gestión anterior.

Además, entre 2023 y 2025 el Estado nacional redujo en un 83 % la compra y distribución de métodos anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, tests de embarazo y preservativos. La decisión trae consecuencias en la prevención no solo de embarazos no intencionales, sino también de infecciones de transmisión sexual, en un contexto en el que la sífilis registra la mayor cantidad de casos de la historia de nuestro país, con un total de 46.779. Además avanzaron con el desmantelamiento del Plan ENIA, una política que había logrado reducir de manera significativa el embarazo no intencional en la adolescencia, que en 2026 tuvo una asignación presupuestaria de menos del 3 % de lo que se asignó en 2023.

 El acceso al derecho al aborto termina dependiendo de la capacidad económica de cada mujer. Foto: Amnistía Internacional

Como consecuencia de la falta de medicación, la respuesta a las personas que solicitaron el acceso a la práctica de IVE fue que debían afrontar su costo por cuenta propia. El monto del protocolo combinado (mifepristona y misoprostol) varía, pero puede llegar a $300000 y el acceso al derecho queda signado por la posibilidad económica de la mujer. Como es una práctica sensible al paso del tiempo, algunas mujeres se han tenido que endeudar para poder comprar la medicación. 

Más allá de las asimetrías en el acceso —presupuestarias, institucionales, territoriales, económicas, etc.—, el Gobierno está incumpliendo la ley si no garantiza la disponibilidad de la prestación. No solo porque la ley 27610 reconoce la gratuidad del procedimiento, sino porque establece que se debe garantizar en el sistema público, en el privado y de la seguridad social el acceso sin costo a los medicamentos esenciales y procedimientos necesarios para interrumpir el embarazo. 

En los hechos, explica Amnistía, el acceso termina dependiendo de la capacidad de pago: quienes tienen recursos pueden comprar medicación, recurrir a atención privada o trasladarse; quienes no, enfrentan mayores demoras, riesgos y obstáculos. Las personas en situación de vulnerabilidad quedan expuestas a métodos inseguros o a la continuidad forzada de embarazos no deseados.