El abogado y ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra asumió la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa por el pacto con Irán y opinó que se trata de un caso de "persecución política a través de jueces".

Ibarra sostuvo que desde el punto de vista jurídico "es imposible que condenen a alguien" por la causa iniciada en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, pero consideró que hay en juego intereses políticos y no solo judiciales. 

"Este caso es un ejemplo de persecución política de oposición a través de jueces. (...) Cuando el poder político va con alguna direccionalidad no hay razonamiento de sentido común o argumentación jurídica", sostuvo el abogado durante una entrevista que concedió a Radio Con Vos. 

"Asumimos esto con criterio jurídico y profesional pero sabiendo que esta es una causa política. La única explicación de que esta causa esté donde esté y que haya detenidos es política" https://t.co/o7youhHzAK

— Aníbal Ibarra (@anibarra)

26 de febrero de 2018

El ex jefe de Gobierno también sostuvo que "no hay persona detenida en la argentina por (una causa de) encubrimiento" que no sea la que instruyó el juez Claudio Bonadio y agregó: "Están presos Carlos Zannini, Luis D' Elía y Fernando Esteche. Esto es persecución política".

Ibarra asumió la defensa de la ex presidenta junto con el ex conjuez de la Cámara de Casación Roberto Boico, en reemplazo de los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, que seguirán defendiendo en la misma causa al ex canciller Héctor Timerman. 

Peñafort explicó el movimiento en la defensa de la ex presidenta a través de su cuenta en la red social Twitter: "En el 2017, cuando (el juez Ariel) Lijo intimó a CFK para que designase abogado en la causa Memorándum, asumimos dicha defensa con Alejandro Rúa acordado hacerlo hasta el fin de la instrucción. La etapa de instrucción concluyó con la respuesta la solicitud de elevación a juicio oral, hace 10 días".

La causa está basada en la denuncia Nisman contra la ex presidenta, el ex canciller y otras personas a las que acusó de haber encubierto a los ciudadanos iraníes imputados por el atentado la AMIA, a través de la firma del Memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán.

El fiscal especial del caso AMIA aseguraba que el pacto con Irán haría caer las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre los iraníes y que se reactivaría el comercio entre ambos países, pero nada de eso ocurrió. 

La ex mandataria y actual senadora fue procesada, con pedido de desafuero y prisión preventiva, por el juez Bonadio que en diciembre dio por concluida la investigación y corrió vista a las partes para que opinen sobre el eventual paso de la causa a juicio oral y público. 

El atentado contra la AMIA fue perpetrado el 18 de julio de 1994 y dejó 85 muertos y cientos de heridos; pero a más de 23 años no hay ningún preso por el ataque.