La asociación Protectora, que defiende los derechos de los usuarios, presentó ante la Suprema Corte de Justicia una medida que pretende imposibilitar el incremento del servicio público de transporte, dispuesto a partir del 1.º de enero. Los abogados Mario Vadillo y José Luis Ramón, representantes de la ONG, interpusieron una medida precautoria antes de que el decreto 2305, firmado por el exgobernador Francisco Pérez el 3 de diciembre, entre en vigencia.

Los letrados argumentan que nunca funcionó plenamente el Ente Regulador del Transporte, un organismo de control creado en  2005 que debería opinar ante un posible aumento del boleto. Además, Vadillo y Ramón están convencidos de que Pérez decidió la suba bajo presión, debido a los sucesivos cortes en el servicio nocturno impulsados por Autam.

El ajuste se decidió por la revisión de gastos que hubo respecto de los insumos de transporte, tales como el consumo de combustibles. Frente a esto, Vadillo sostuvo que “hay un incremento injustificado, puesto que las nuevas unidades apuntan a bajar el consumo para disminuir el nivel de gases”.

Si bien la medida sería resuelta hoy, hay pocas expectativas de que haya un retroceso. Mientras tanto, desde el gobierno actual, la discusión está cerrada y el decreto empezaría a correr desde el primer día del año. De esta manera, el pasajero mendocino deberá abonar una tarifa de $ 6 para el colectivo, mientras que para quienes eligen como alternativa el taxi, la bajada de bandera costará $ 14 y la de remís, $ 14,54.