La disposición del juez Martínez de Giorgi alcanza a otras 49 personas, entre ellos ex funcionarios y el primo del presidente Macri. Se investiga el supuesto pago de sobornos de la constructora Odebrecht para direccionar la adjudicación de las obras de soterramiento del tren.
La ex presidenta se desligó del caso que investiga el pago de coimas en el fútbol y criticó a los medios que la involucran tras la declaración del exCEO de Torneos, Alejandro Burzaco.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy la citación a declaración indagatoria, inhibición de bienes y prohibición de salida del país de los exjefes de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández y Juan Manuel Abal Medina, a los excoordinadores de Fútbol para Todos, Gabriel Mariotto y Pablo Paladino, y al empresario Alejandro Burzaco. El magistrado aludió a una "maniobra delictiva" por más de 33 millones de dólares vinculadas a las transmisiones televisivas de partidos de fútbol entre 2011 y 2013.
El exCEO de Torneos y Competencias dijo que el extitular de la AFA recibió coimas millonarias para votar a favor de Qatar 2022 y por los derechos de TV para las copas de 2026 y 2030.
"Entre 2011 y 2014 les pagamos US$ 4 millones" a integrantes del programa de transmisión de partidos, dijo Alejandro Burzaco, el ex CEO de Torneos, durante el juicio realizado en Nueva York por el FIFAGate.
Según publicó el diario "La Nación", dos empresas vinculadas con Raúl Biancuzzo ganaron 21 licitaciones de la empresa estatal de agua cuando el funcionario era director de infraestructura. Sucedió en el mismo período que cuando fue acusado de recibir USD 7,6 millones de sobornos de la constructora brasileña.
Las coimas meten la cola en la campaña. Se supo que la empresa brasileña pagó 20 millones de dólares para quedarse con una obra pública cuando Julio de Vido era ministro de Planificación.
El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) había sido sobreseído el pasado viernes 31 de marzo en la causa Odebrecht por el juez Canicoba Corral, que fundamentó su fallo en la falta de un delito concreto que imputarle. El fiscal consideró que la resolución del magistrado fue prematura y la recurrió.
Arribas negó haber cobrado US$ 600 mil de uno de los acusados por el caso de corrupción Lava Jato. Se puso a disposición de la justicia y criticó el trabajo del periodista de La Nación que inició la denuncia pública.
Por iniciativa de un exfiscal anticorrupción, se incorporaría al nuevo Código Penal el delito de corrupción en el ámbito privado. Hoy sólo alcanza a la esfera pública.