Leé el petitorio que la Agrupación 15 de Julio le entregará este martes 24 de septiembre al ministro de Salud de Mendoza, Carlos Díaz Russo. En él se reclama el cumplimiento del artículo 11 de la Ley 26743 de Identidad de Género, que contempla el acceso integral a la salud para personas trans.
Compartimos nuevamente la carta abierta de Santiago Giménez en contra del uso político de los crímenes resonantes para promover la mano dura y la restricción de derechos a la ciudadanía más vulnerable.
Amnistía Internacional entregó en el Palacio de la Moneda, sede del gobierno chileno, un petitorio firmado por más de 25.000 personas para reclamar a las autoridades que eliminen todas las barreras que protegen a los perpetradores de violaciones de derechos humanos en el país.
Las audiencias públicas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) en la Corte Suprema de Justicia invitan a reflexionar acerca del camino recorrido hacia la democratización de la comunicación en la provincia. En esta nota, referentes de la militancia mendocina hacen su balance y reafirman la vigencia de la lucha.
Más de 50 personas debatieron en Ia I Jornada de trabajo sobre Acceso a la Justicia y Violencia Institucional, convocada por la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el 21 de agosto en la UNCuyo. Funcionarias y funcionarios, autoridades y personal penitenciario, referentes sociales y universitarios, trazaron ejes para discutir y trabajar integralmente estas problemáticas.
Referentes sociales, universitarios y del campo de los derechos humanos, junto a funcionarias y funcionarios judiciales y políticos, debatieron sobre violencia institucional y acceso a la justicia. La UNCuyo fue anfitriona de la apertura facilitada por la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte. Diagnósticos de especialistas del CELS sobre la problemática y herramientas políticas y de conocimiento contra las violaciones a los derechos humanos.
El abogado Lautaro Cruciani, referente provincial de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, develó en su tesis de grado la inconstitucionalidad de la figura que permite a la policía detener a personas con el único fin de averiguación de antecedentes. La norma, que data de los años dictatoriales, viola un cúmulo de derechos basados en la libertad individual y la igualdad, además de promover las trampas de la estigmatización social.
El decreto que establece la puesta en funciones del Procurador de las personas privadas de su libertad fue firmado recientemente por el gobernador Francisco Pérez. A la espera de la notificación que le permita asumir su cargo, Fabricio Imparado expone los ejes de lo que será la primera gestión provincial en defensa de los derechos humanos de presos, detenidos en comisarías e internos de psiquiátricos, instituciones de niños y adolescentes, y geriátricos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró inconstitucionales las penas de prisión preventivas a menores de 18 años dictadas en nuestro país. Edición UNCuyo comparte el comunicado sobre la sentencia "El caso Mendoza y otros de Argentina".
En el segundo juicio por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en San Juan, fueron sentenciados los siete exmilitares que llegaron a la instancia final. Hubo tres condenas perpetuas, tres a 25 años y una a 10 años de prisión, casi en línea con lo que habían solicitado la Fiscalía y las partes querellantes. Una justa conformidad que avala la profundización del juicio y castigo para las tres provincias de Cuyo.
Se espera que antes de la feria judicial de mediados de julio se dicte sentencia en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Son siete los represores que llegaron a la instancia final, acusados de la comisión de detenciones ilegales, torturas, violaciones y una desaparición forzada, por 61 personas agrupadas en cuatro causas. Edición UNCuyo entrevistó al fiscal Dante Vega, participante del debate histórico.
OcoVi es el recientemente creado Organismo Contra la Violencia Institucional, lo integran referentes comprometidos con los derechos humanos. A continuación se ofrece la carta textual que remitieron al gobernador Francisco Pérez con un llamado de atención respecto de políticas y proyectos cada vez más punitivos y el aporte de propuestas para que se respete la integridad personal de los y las jóvenes.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, cerró la charla promovida por la Universidad Nacional de Cuyo sobre el balance en materia de Derechos Humanos durante la última década. En el cine teatro Universidad debatieron, a sala llena, el vicerrector José Rodríguez, Celeste Seydell, de HIJOS; el juez Omar Palermo; el secretario de Extensión Universitaria, Fabio Erreguerena; Helga Tenenbaum, madre de Mendoza, y funcionarios provinciales.
Los investigadores Adriana Spahr y Hugo De Marinis presentaron "Madre de Mendoza, Vida de Isabel De Marinis", historia basada en testimonios de y alrededor de una de las madres coraje más representativas, incansable en la búsqueda de su hija Lila, secuestrada y desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Su hijo Hugo abre la historia familiar, el devenir público tras la represión y la importancia de los relatos que reconstruyen lo social a partir de las historias de vida.
Tras la audiencia con el Jefe Policial de la Distrital Sur, Comisario Inspector Carlos Mugneco, representantes de organismos de Derechos Humanos de San Rafael (A.P.D.H. y L.A.D.H.) dieron a conocer una carta dirigida al Ministro de Seguridad Carlos Aranda. En ella se exhorta a las autoridades a cambiar el rumbo de la política policial y aplicar el Acuerdo para una Seguridad Democrática de 2010.
El abogado Horacio Martínez Baca, residente en California desde la dictadura militar, es hijo del ex gobernador Alberto Martínez Baca, elegido por el pueblo de Mendoza en 1973. Exactamente un año atrás, escribió esta carta que, más que confrontar con Jorge Rafael Videla, busca satisfacer el ansia de conocer de una juventud estudiosa y capacitada pese a la larga noche de la dictadura militar.
El movimiento por una "Justicia legítima” es para Horacio Báez, Juez de la Cuarta Cámara del Crimen, el último aire fresco que ha sentido luego de 29 años de ejercicio de la magistratura en sedes federal y provincial.
El 8 de mayo se hicieron públicos los fundamentos del fallo sobre las responsabilidades que tuvieron diez personas acusadas durante el tercer juicio por delitos de lesa humanidad en Mendoza. Generó indignación la posición adoptada por Alejandro Noceti Achával, juez de Buenos Aires nombrado para completar el Tribunal. Se apoyó en la “prescriptibilidad” de los crímenes comprobados para votar en disidencia la mayoría de las resoluciones. Controversias respecto a la pena aplicada al acusado Fernando Morellato.
La Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación se reunió con el movimiento de derechos humanos de Mendoza y San Juan, y realizó una visita al Centro Clandestino de Detención (CCD) Las Lajas. Su presidente, Remo Carlotto, sentó las bases de una agenda federal de trabajo e instó a apuntalar las políticas de Estado para consolidar más derechos y avanzar en todo lo que falta.
El dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión en un histórico fallo de la justicia. Con esta sentencia se sienta una importante jurisprudencia para el futuro de la justicia de Latinoamérica.