El juez federal Sebastián Casanello ordenó la inhibición de bienes del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, imputado en la causa Odebrecht por presunto pago de sobornos para obras de AYSA durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Además, se libraron exhortos internacionales a Panamá, a Antigua y Barbuda y a Uruguay en busca de información sobre sociedades y movimientos bancarios de los imputados relacionados a la constructora brasileña.

Siguiendo esta línea, se requirió labrar oficios al Banco Central de la República Argentina, a los Registros de Propiedad Inmueble de la Argentina, a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor y al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, entre otras organizaciones.

Casanello remarcó que el presunto pago de sobornos a funcionarios públicos ocurrió entre 2007 y 2014, en el marco de “un complejo e ilícito modus operandi de empresas de origen extranjero y socios locales con pretensiones económicas, contractuales y financieras en la adjudicación de la obra pública“.