De manera unánime y ante la mirada expectante de Susana Trimarco, la Cámara de Diputados sancionó, en su última sesión del año, la reforma a la Ley de Trata de Personas que elimina al consentimiento de la víctima como eximente de toda responsabilidad penal y obliga al Estado a promover la reinserción social de las mujeres que caen en estas redes. 

La nueva norma representó la reacción de los legisladores ante el fallo del tribunal tucumano que absolvió a los 13 acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón hace 10 años. 

Su madre arribó al recinto pasadas las 18 y presenció la sesión acompañada por sus abogados y por la senadora kirchnerista Beatriz Rojkés de Alperovich, esposa del gobernador tucumano y autora de uno de los proyectos de ley sobre el tema. 

El Frente para la Victoria, que impulsó el texto venido del Senado, contó con el apoyo de sus aliados tradicionales y de todos los bloques opositores, que respaldaron la iniciativa en general y finalmente desistieron de introducir modificaciones. Sólo hubo una única abstención, de la monobloquista Marcela Rodríguez, que había presentado su dictamen en minoría.




La Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas fue sancionada en 2008 e incorporó este delito al Código Penal. Sin embargo, desde aquel momento sufrió reiterados cuestionamientos por las bajas penas que establecía y las dificultades para operativizar el combate contra la trata. 

La sesión extraordinaria, pedida por la presidenta, se extendió durante más de ocho horas, en un debate en el que casi ningún diputado se privó de hablar. 

El fallo por Marita Verón también trajo a colación el papel de los jueces: “Tenemos la obligación de interpelar a ese Poder Judicial que mira hacia el costado. Este fallo escandaloso lo tenemos que tomar como la oportunidad para dar el debate” por la democratización de la Justicia, consideró el presidente de la bancada oficialista, Agustín Rossi.

“Jueces que dan vergüenza como estos reinan en todo el país. No queremos más jueces cómplices”, exclamó el camporista Horacio Pietragalla Corti en el mismo sentido. 

El titular de la Comisión de Legislación Penal, Oscar Albrieu, sostuvo que las modificaciones están “en línea con el pensamiento de la presidenta de dar una respuesta contundente de rechazo, repudio, y de ratificación de la lucha que se lleva contra la trata de personas en este momento especial”.

Del mismo modo, la responsable de Familia y Mujer, Silvia Risko, remarcó que la reforma de la Ley de Trata “profundiza el modelo de inclusión social” iniciado en 2003. La tucumana Stella Maris Córdoba pidió compromiso de todos los gobiernos provinciales para regular la habilitación de locales donde se practica la explotación sexual. 

El kirchnerista Pablo Kosiner fue quien dio las cifras: puntualizó que, desde 2008 hasta el momento, “se han rescatado 3875 víctimas en 1819 allanamientos con 1396 detenidos”. Según Virginia Linares (FAP), “el 87% de la trata se refiere a una situación sexual, y de ese porcentaje el 90% son mujeres y niñas en estado de esclavitud y sometimiento extremo”. “La trata es más que un delito, es una grave violación a los derechos humanos”, sostuvo.

“Nosotros tenemos la autoridad moral que nos da el haber trabajado siempre para construir una Argentina de iguales. Alcanza con recordar que la decisión política de luchar por la igualdad de derechos para todos en este país la tenemos desde que el presidente Néstor Kirchner pisó la casa Rosada en el año 2003”, señaló por su parte la diputada nacional kirchnerista Andrea García al cerrar su alocución en el recinto.

Las principales críticas de la oposición recayeron en la “falta de políticas públicas” para combatir este flagelo y en la demora del oficialismo para tratar el tema. La radical Elsa Álvarez denunció que las organizaciones delictivas de trata de personas actúan “amparadas por miembros del poder político judicial y funcionarios de las fuerzas de seguridad de las provincias”.

Su par María Luisa Storani insistió en que “queda claro quiénes son los que marcan la agenda en este recinto, y este tema no lo tenía la mayoría en sus prioridades”. La oficialista Stella Maris Leverberg le retrucó que, cuando el Frente para la Victoria era minoría frente al extinto Grupo A, un proyecto de su autoría para modificar la ley en cuestión “nunca fue tratado”. Mara Brawer también se defendió: “No voy a permitir que se diga que el oficialismo cajoneó esta ley. Todos sabemos de las disidencias que atravesaban a todos los bloques en un tema tan complejo como este”, afirmó.

El titular del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, dedicó su discurso a los aspectos culturales que se esconden tras la explotación sexual de las mujeres: “Detrás de la trata hay un esquema de dominación patriarcal que viene desde hace tiempo, que supone que la mujer no es un sujeto, supone a la mujer como una persona diferente e inferior”, explicó.

La fueguina Liliana Fadul celebró la sanción de la ley al preguntarse: “¿Una persona en situación de trata se encuentra en capacidad suficiente para prestar su consentimiento? La verdad es que ni siquiera hay que llegar a realizar un análisis jurídico para obtener una respuesta. Alcanza con el sentido común”.

Uno de los más duros fue el tucumano Juan Casañas, quien no dudó en afirmar que “el principal responsable de las barbaridades que pasan en Tucumán se llama José Alperovich”. Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) aseveró que “no hay trata de personas sin complicidad del poder político”. 

Desde el Pro, Paula Bertol se mostró compungida: “Siento ganas de pedirle disculpas a Susana Trimarco. Cuando escucho que le agradecen preferiría que no existiese una heroína como ella”, manifestó. “Parece que hoy la dirigencia política se empieza a dar cuenta de que existen mujeres esclavizadas”, agregó Victoria Donda (FAP). Coincidió el peronista disidente Gustavo Ferrari: “No seamos hipócritas en pensar que desde hoy esto es un problema”, dijo. 

La flamante ley define como “trata de personas” al “ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”.

Además, establece que “el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”.

También castiga con prisión de cuatro a seis años al que explote económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, y al que “promueva o facilite la prostitución” de la misma. Si la víctima es menor de 18 años, la pena será de 10 a 15 años de prisión.

Se contemplan agravantes cuando, para someter a la víctima, se emplee violencia, amenazas o cualquier otro medio de intimidación o coerción; cuando el autor fuera familiar, cónyuge, autoridad o ministro de cualquier culto, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima, funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad.

Otra de las modificaciones obliga al Estado nacional a brindar asistencia médica y psicológica gratuita a las víctimas; otorgar capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo; y a colaborar en la incorporación de la víctima en el sistema educativo. 

La nueva norma crea también un Consejo Federal y un Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, con la función de diseñar políticas públicas destinadas a combatir la trata y explotación de personas.

Asimismo, crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal un Sistema Sincronizado de Denuncias sobre el Delito de Trata y Explotación de Personas, y se le asigna el número telefónico 145 en todo el territorio nacional.

Por último, se establece que “siempre que fuere posible, las declaraciones de las víctimas de los delitos de trata y explotación de personas serán entrevistadas por un psicólogo, no pudiendo en ningún caso ser interrogadas en forma directa por las partes”.