Cómo sigue el juicio de la causa "Destacamento 144" en Mendoza

Sociedad

Torres Molina comenzó su relato: "En el año 2009, el ANM tenía una unidad especial de investigación del terrorismo de Estado que buscaba documentación de la represión en todos los archivos a los que tenía acceso; además, a toda la documentación del Estado Nacional, incluso a la documentación secreta de las Fuerzas Armadas (FF. AA.)". "En esas tareas, los investigadores del ANM concurrían a distintos ámbitos de las FF. AA.", dijo. Agregó: "En este caso del Ejército, también en particular del Archivo Histórico del Ejército, se analizaba el legajo del personal militar, y durante esa investigación, salían de forma indirecta datos de la represión".

Sobre esto último, el testigo recordó: "Durante la búsqueda en esos archivos, hallaron, por ejemplo, reclamos del personal por no ascensos, donde hacían relatos las personas damnificadas por esto último, y las acciones fuera de la ley que habían cometido".

"En esa tarea de búsqueda, se encontró una copia simple de un listado del (PCI) del Ejército", precisó, y manifestó que, "una vez conocido ese listado, se envió a la Secretaría de Derechos Humanos, que a su vez lo tramitó al Ministerio de Defensa para la desclasificación de ese material".

El testigo recordó: "Luego, el Poder Ejecutivo dictó un decreto en el 2010 y desclasificó toda la documentación referida al personal que integraba los servicios de las FF. AA. de 1975 a 1983". En otro momento del relato, el fiscal le preguntó al testigo si el PCI realizó algún rol de investigación.

"Las funciones que cumplían están reglamentadas. Tiene tres categorías: A, B y C, y estas corresponden a distintas funciones", señaló Torres Molina. "La A la integraban coroneles y universitarios que hacían tareas generales, en tanto la categoría B era de maestranza y automotores, y la C señala a la parte ejecutiva de la represión", detalló.

La jornada de hoy, que comenzó cerca de las 10 y se extendió hasta 12, fue la primera audiencia del año de este juicio que comenzó en 2019 y tiene acusados a 20 integrantes del personal de Inteligencia de la Policía de Mendoza, del Ejército y de la Fuerza Aérea. El tribunal llamó a un cuarto intermedio para el próximo 18 de febrero, jornada en la que continuarán con más testimonios.