En 2016, la Cámara de Apelaciones de la provincia recibió 855 recursos, de los cuales resolvió 170 en un plazo de diez días y 656 en menos de un mes. Sin embargo, el gobernador Alfredo Cornejo decidió ponerle fin a la existencia de esta cámara y convertirla en la 8.ª Cámara del Crimen.

La razón es, según lo explicó el miembro informante por el oficialismo, Jorge Albarracín, “porque las demás cámaras están colapsadas y, con esta decisión, todas deberán a la vez resolver las apelaciones”.

Además, según el radicalismo, habrá más celeridad en la resolución de los procesos si, en lugar de tres jueces, son 27 los que se abocan a dar respuesta a esta etapa judicial.
 

El sí del peronismo

A pesar de no estar convencidos, los peronistas le dieron nuevamente el sí al gobernador. Carina Segovia explicó que el Partido Justicialista acompañaría la idea de Cornejo porque es parte de su plan para bajar los índices de criminalidad de la Provincia, pero que no estaba convencida de que la medida fuera efectiva.

Segovia manifestó la preocupación de su partido por la posible multiplicidad de criterios con la que se resuelvan las apelaciones de ahora en adelante. “Se había logrado unificación de jurisprudencia, ahora se pueden llegar a entorpecer los procesos”, manifestó.

Lo cierto es que este es uno más de los muchos proyectos que el Gobernador ha enviado impulsando la reforma judicial, que implica endurecer las excarcelaciones y acelerar los procesos judiciales.

La Cámara de Apelaciones fue creada por ley en 2006 y la componen Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel. La fiscal de Cámara es Paula Quiroga. Estos profesionales pasarán a formar parte de la 8.ª Cámara del Crimen de la provincia.