"Necesitamos que se verifiquen los autos en tiempo y forma, pero sin sospechas de corrupción, sin ningún tipo de irregularidad", señaló el gobernador Alfredo Cornejo a propósito del decreto que deja sin efecto la licitación millonaria de la concesión de la Verificación Técnica Obligatoria (VTO), la cual estipulaba que una sola empresa se hiciera cargo de revisar de forma anual todo el parque automotor de la provincia.

Todo comenzó en abril del 2014, cuando se sancionó la ley 8657 y se dio inicio a la verificación de vehículos. En ese momento se enfrentaron las empresas interesadas, mientras que una de ellas denunciaba arreglos y beneficios encubiertos para otra de las competidoras. 

Dos años después, Cornejo decidió ponerle fin a la licitación y convocar a una nueva, por considerar que la anterior presentaba "muchos vicios y era sospechada de corrupción". Por lo tanto, el Gobierno pretende hacer un "nuevo pliego que obligue a los concesionarios a hacer inversiones".