El Gobierno oficializó los pliegos para la licitación de energías renovables

El Ministerio de Energía, que encabeza Juan José Aranguren, abrió la convocatoria para ofertar en la Ronda 1 del Programa RenovAr para la generación de 1000 megavatios.

El Gobierno oficializó los pliegos para la licitación de energías renovables

La energía eólica está progresando en el país y se espera la reglamentación de la ley de energías renovables. Foto: Infobae.

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Unidiversidad / Fuente: La Nación

Publicado el 26 DE JULIO DE 2016

Tras los aumentos de las tarifas de luz y gas, que aún permanecen frenados en la Justicia, el Gobierno nacional ha decidido apostar al desarrollo de las energías renovables, cuyo progreso ha sido históricamente postergado en nuestro país.

Por eso, ayer 25 de julio, el Presidente Mauricio Macri lanzó los pliegos para licitar 1000 megavatios de energías no contaminantes como la solar, la eólica, la biomasa y la hidroeléctrica en pequeña escala, con miras a captar inversiones estimadas en torno a los US$ 1800 millones.

En términos ambientales, la apuesta del oficialismo es considerablemente ambiciosa, puesto que pretende economizar dos millones anuales de toneladas de dióxido de carbono, que equivale al consumo de unos 900 000 autos.

El Ejecutivo lanzó los pliegos definitivos luego de abrir una etapa de consulta con potenciales inversionistas que sedujo a más de 100 compañías, según declaró el subsecretario de Energías Renovables Sebastián Kind, en una conferencia de prensa.

Como resultado de las consultas, el macrismo debió aplicar algunas modificaciones en la convocatoria final. La más gravitante de ellas es que se bajaron requisitos para incorporar participantes. De ese modo, el Ministerio de Energía y Minería, que preside Juan José Aranguren, procura agregar a la compulsa competidores que garanticen un precio más bajo y erradiquen los riesgos de cartelización.

La licitación de energías renovables priorizará el componente nacional dentro de cada proyecto. Existirá un ranking de propuestas según la participación de la industria local. Por medio de ese ítem, se podrán decidir varias cuestiones; por ejemplo, si se presenta una oferta apenas mejor, pero con menos producción argentina, quedará descartada.

Asimismo, las ofertas que cuenten con componentes locales tendrán mejor acceso al crédito fiscal. En consecuencia, abaratará el costo final de los proyectos.

"El objetivo es firmar los contratos en noviembre y que los proyectos estén listos a más tardar en dos años, es decir, en 2018, pero quien termine antes tendrá un premio", aseguró Kind.

En diciembre del año anterior, el oficialismo había declarado la emergencia energética. Si bien la problemática energética se manifiesta con mayor intensidad en los rubros de transporte y distribución, hubo ocasiones en el verano en que la oferta de energía fue menor a la demanda y, por consiguiente, colocó al sistema en un escenario enrevesado, cuyos síntomas se podrían volver presentar el verano próximo.

La propuesta del macrismo

En cuanto al pago de la factura de las energías renovables, el subsecretario explicó que no la pagará el Estado por medio de subsidios, sino que lo harán los consumidores. Según Kind, no existen posibilidades de que eso implique una mayor presión sobre las cuentas de comercios y hogares. "Las energías renovables deberían bajar el precio promedio del sistema porque reemplazará producción de electricidad con combustibles líquidos y con gas", subrayó.

Para captar las inversiones, el Gobierno está dispuesto a concederles amplias garantías al sector empresarial. Entre ellas, firmará contratos en dólares a 20 años por la energía que comprará Cammesa, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico; y se comprometerá a tomar toda la energía renovable disponible.

Asimismo, los pliegos incluyen un blindaje con tres garantías. La primera es por el pago de la energía. En caso de que Cammesa no cumpla, las empresas podrán disponer de un fondo de $ 6000 millones en la órbita de Energía para cobrarse la deuda.

Además, hay una garantía por la terminación del proyecto, en caso de que varíen las condiciones económicas antes de la amortización de la inversión. Y si lo anterior no llegara a funcionar, las compañías podrán tomar un seguro del Banco Mundial.

En consonancia con lo dicho, los contratos finales podrán contener cláusulas para resolver potenciales disputas en tribunales arbitrales locales o internacionales.

El Estado será el que adjudicará los proyectos y el que tendrá la posibilidad de rechazar las ofertas. Además, se reservó una carta adicional: pondrá un precio máximo secreto que se conocerá antes de abrir las ofertas.

De acuerdo con la nueva estructura, los interesados tendrán tiempo hasta el 5 de septiembre para presentar sus ofertas técnicas y económicas, mientras que la adjudicación se concretará el 12 de octubre y la firma de los respectivos contratos se realizará el 11 de noviembre.

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