“A nosotros, un presupuesto insuficiente, que no alcance para cubrir las necesidades, nos disminuye autonomía, atenta contra la independencia del Poder Judicial. Tenemos que ir a pedir al Ejecutivo permiso para librar un cheque. No es un problema de Mendoza, en la Justicia Federal pasa lo mismo”. Esta afirmación corresponde a uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Alejandro Pérez Hualde, en sintonía con las palabras que el presidente de este organismo, Pedro Llorente, pronunció unos días atrás, con motivo de la apertura del año judicial y frente al gobernador de la Provincia.

De todas maneras, aseguró que el hecho de que el Poder Ejecutivo tenga el control de las arcas del Estado nunca fue utilizado como condicionamiento para la toma de decisiones judiciales. “Al menos en los 12 años que llevo en la Suprema Corte no me ha pasado, nunca un gobierno ha utilizado la billetera para querer intervenir en una decisión de la Justicia”, subrayó.

El ministro de la Corte quien presidió el Alto Tribunal sostiene que hace años que no se destina el 4 % del Presupuesto Provincial para el Poder Judicial. De acuerdo a las estimaciones en la Corte el porcentaje real de la pauta de gastos ha sido de 3,8 % y en la actualidad es de 3,7 %. Los jueces no sólo hablan del tamaño de la pizza, sino que la porción para Tribunales es cada vez más chica.
 

La resistida autarquía judicial

Una de las soluciones para terminar con la problemática del presupuesto se planteó en 2012 con el proyecto de ley de Autarquía Judicial. Esta iniciativa, que quedó trunca, consistía en que el Poder Judicial confeccionara su propio presupuesto. Este no podría ser modificado arbitrariamente por el Poder Legislativo, y los recursos disponibles para la Justicia se obtendrían de la siguiente manera: el importe equivalente a 7,90 % de los recursos del Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, Impuesto Automotor y Coparticipación Federal; el 100 % de la recaudación de la Tasa de Justicia; el 100 % de la multas; el total de lo recaudado por publicaciones que realiza la Dirección de Fallos Judiciales; el total de lo recaudado por inscripciones, firmas y certificaciones que efectúe la Dirección de Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia; las rentas obtenidas por los depósitos judiciales que no tengan un destino dispuesto por ley; las donaciones, fianzas cumplidas o prescriptas, aranceles o cualquier otro recurso que se origine en el funcionamiento de los tribunales provinciales y otras tasas que puedan crearse.

Según Pérez Hualde, esta no es una solución, porque autarquía no es equivalente a autonomía. Siempre el Poder Judicial estaría atado a las decisiones, ingresos y problemas financieros del Ejecutivo.

Sin embargo, en el momento en el que se debatiría el proyecto, la resistencia fue específicamente porque el Poder Judicial debía hacerse cargo de discutir en paritarias y fijar los sueldos de los trabajadores. Este punto no convenció a las autoridades y el proyecto quedó en el limbo legislativo, donde aún permanece y, al parecer, lo hará para siempre. 

Por último, asumió que el Poder Judicial tiene serias fallas de eficiencia y que esto no tiene que ver con el dinero, sino con la predisposición y las ganas de trabajar de muchos de sus miembros, situación también admitida por Llorente durante los actos de inicio del ciclo judicial 2016.