Las universidades nacionales activaron esta semana un nuevo, pero viejo reclamo ante la difícil situación financiera que atraviesa ese sector educativo: presupuesto prorrogado y recortes que afectan el funcionamiento de las instituciones y los salarios docentes. Las demandas —como la necesidad de contar con una nueva Ley de Financiamiento Universitario— tienen sustento en hechos reales, ya que los recursos asignados en 2025 para el Programa de Desarrollo de la Educación Superior se ubican en su nivel más bajo en casi dos décadas, pese al reciente aumento del 29 % a través del decreto 425/25. 

La radiografía de la crisis que viven las universidades públicas es parte de un informe actualizado de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en el que además advierte que “en términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9 % inferior al del año pasado y acumula una caída del 32 % desde 2023. 

Destaca también que la inversión por estudiante es la más baja desde 2005: $2,1 millones en 2025, cuando en promedio entre 2010 y 2023 se gastaba $4 millones. Ajustada por inflación, esta cifra es 53 % menor que la registrada hace una década.

“Las universidades públicas cumplen un rol estratégico en la producción de conocimiento, la formación de profesionales y la reducción de desigualdades. La caída sostenida de su presupuesto compromete estas funciones y refleja un cambio en las prioridades del Estado, con consecuencias para el desarrollo educativo y científico”, destacaron desde ACIJ.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) se sumó este jueves a la jornada nacional de visibilización que se hizo en todo el país para reclamar por el tratamiento y la aprobación del nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso de la Nación, tal como se acordó en una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Entre las acciones, las autoridades presentaron un petitorio en la Legislatura para solicitar que legisladoras y legisladores apoyen esta iniciativa que busca garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las instituciones universitarias públicas en todo el país.

En la Legislatura, de iz. a der.: Gustavo Zonana, Julieta Aranibar, Andrés Lombardi, Gabriel Fidel y Martín Carrada. Foto UNCUYO

Idas y vueltas de la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en septiembre de 2024, con consenso en ambas cámaras, en un contexto de ajustes y recortes por parte del Ejecutivo. Estaba diseñada para actualizar partidas presupuestarias de universidades nacionales (incluyendo salarios y gastos de funcionamiento) según la inflación del año anterior y ajustarlas periódicamente con el IPC.

Sin embargo, el presidente Javier Milei la vetó en su totalidad a través del DNU 879/2024, argumentando que cumplirla “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

La Cámara de Diputados trató de insistir con la ley, pero con 159 votos a favor no alcanzó la mayoría de dos tercios necesaria (se necesitaban 167), por lo que el veto quedó firme por al menos un año.

Para este 2025, el Gobierno recurrió nuevamente a la prórroga presupuestaria y aplicó ajustes sobre el presupuesto 2023. Esto provocó otra vez una fuerte reducción en las partidas para el funcionamiento de una universidad, sus actividades académicas, de investigación y de extensión, y una nueva caída en el poder adquisitivo de los salarios docente y nodocente.

Los datos oficiales de mayo de 2025 muestran que un docente o una docente universitaria con dedicación simple y 10 años de antigüedad percibe un salario bruto (es decir, sin los descuentos previsionales) de $ 278.642,84. Esto representa una caída del salario real (es decir considerando la inflación) del 28 % respecto de noviembre de 2023. 

El mes anterior a la asunción de Javier Milei, ese mismo puesto docente cobraba $ 125.146. Si se ajusta por inflación, el monto representaba $ 387.242.

Los salarios a mayo de 2025 de un docente universitario auxiliar (el rango más bajo, que suele tener una comisión a su cargo) son de $ 743.062 brutos para quienes tienen dedicación exclusiva, $ 317.530 para dedicación semiexclusiva y $ 148.611 para dedicación simple. En todos los casos, sin considerar la antigüedad.

Para los preuniversitarios, es decir colegios dependientes de las universidades nacionales, el sueldo de preceptores es de $ 636.069, y de un maestro de grado $ 642.526, sin antigüedad en ambos casos. 

En mayo, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) expusieron ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación los principales puntos de un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que elaboraron en conjunto con las federaciones docentes, las nodocentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA). Mientras que este jueves 26 de junio, la iniciativa llegó a  la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Plantea un piso básico de recursos para el funcionamiento y la recomposición salarial, y a su vez establece la fuente de financiación, sin crear nuevos impuestos ni alterar el equilibrio fiscal del Estado nacional. 

Yo apoyo la Ley de Financiamiento Universitario

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales invitan a la comunidad universitaria y en general a adherir de manera personal al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. Para eso, se puede ingresar a este link y sumar la adhesión al tratamiento y aprobación de la iniciativa en el Congreso.