Cuatro años demandó su reglamentación y aún no se publica el primer cargo público para la Administración Central que será elegido en período democrático. Se trata de un chofer para el Ministerio de Cultura que lleva cuatro años en veremos. Según el Gobierno, hay escollos por parte de los gremios, pero desde los sindicatos señalan al Ejecutivo y hablan de falta de voluntad política para implementarlo.

Lo cierto es que aquel decreto que se anunció en 2011, y que reglamentaba una ley de 2009, aún no se puede aplicar. Hoy se transita la etapa final del armado de los pliegos para el chofer que será convocado por Cultura a través de los medios. El gobernador Francisco Pérez ha dado la orden de que se produzca antes del 30 de junio, día límite para imputar partidas para personal, según establece la Ley de Responsabilidad Fiscal y teniendo en cuenta que este año hay elecciones.

En el medio, una vieja película parece rodar una vez más. La oposición asegura que el Gobierno intenta ingresar a miles de estatales en planta permanente, cuyos salarios complicarán aún más las cuentas oficiales. Es más: desde el radicalismo hablan de 12 mil trabajadores que se incorporaron en los últimos cuatro años y aseguran que algunos de ellos no cumplen funciones para el Estado. Este es el cálculo que maneja el diputado Martín Kerchner, quien también sostiene que son más de 1200 personas las que buscan hacer pie en el Estado a través del último acuerdo paritario aún no homologado.

Mauricio Grispan, asesor del Ministerio de Cultura, es quien lleva adelante el proceso del concurso del chofer. El funcionario considera que ha sido muy complejo y que ha faltado consenso para destrabarlo en menos tiempo. En su opinión, la conformación de comisiones evaluadoras o la elección de universidades para monitorear el asunto ha demandado un tiempo excesivo, lo que hace que otra gestión más termine su mandato sin poner a rodar este necesario mecanismo. Víctor Dagfal, titular de Sitea, adelantó que el Gobierno había enviado para homologar el llamado a convocatoria para el jurado, pero el gremialista consideró que faltaba voluntad política para que los concursos avanzaran.

Grispan contó uno de los detalles que, aunque parezca poco serio, sucede en la realidad. La cuestión es que una de las evaluaciones debe ser actitudinal. La discusión se trabó en quién es el encargado de realizar un testeo de este tipo. Por esto los gremios exigieron que se convocara a un psiquiatra, a un médico laboral  y a un psicólogo. Todo esto, sólo para evaluar si el chofer tiene actitud para enfrentar el trabajo.

Otra de las demoras innecesarias que admite Grispan es la evaluación escrita que debe superar el trabajador. “Si el chofer tiene carnet profesional, quiere decir que ha sido habilitado por otro organismo del Estado para manejar; entonces, ¿para qué volver a evaluarlo?”, se pregunta. Incluso, da cuenta de otra traba burocrática que demora el proceso: “El sueldo del chofer ya fue calculado dos veces, pero ahora habrá que insistir con un nuevo cálculo porque hubo un nuevo incremento”.

De esta manera, los dos concursos que se propuso iniciar esta gestión a modo de prueba piloto están demorados. Uno fue para el Ministerio de Ambiente, que tampoco se ha podido destrabar, y el otro para Cultura, que estaría próximo a su publicación. Los dos intentos anteriores fueron judicializados en 1987 y 1988.

Cuatro años en veremos

A tan sólo seis meses de terminar su gestión, Celso Jaque firmó el decreto 1112 que reglamentaba el ingreso por concurso al Estado provincial. En ese momento, los colaboradores del malargüino explicaron que a partir del 15 de junio de 2011, cuando se cumplieran 48 horas de la rúbrica del decreto, nadie más podría entrar a la Administración Central o ascender en el cargo si no rendía. Pero lo cierto es que en poco menos de un mes se cumplirán cinco años de aquel momento y no sólo no se implementaron los ingresos por concurso sino que la discusión sigue centrada en el ingreso de personal al Estado.

Dagfal, por su parte, recuerda todas las leyes y decretos que se firmaron para alcanzar el ingreso por concurso al Estado pero que aún no se aplican. Una de ellas es la 7970 del 11 de noviembre de 2008. Avalada por ambas cámaras y con el consenso de los gremios, ratificaba el régimen de concursos y la efectividad de los cargos de los agentes con subrogancia.

Pero una vez sancionada, en 2011, el gobernador Jaque, próximo a retirarse, sorprendía con su decisión, aparentemente consensuada con los gremios, cuando aventuraba que el nuevo sistema alcanzaría sólo a los trabajadores de la Administración Central sin incluir a los empleados de Seguridad, Salud y Escuelas, con un régimen propio al igual que sucede con el Poder Judicial. En tanto, el Secretario Legal y Técnico de la Gobernación por aquellos años, Fernando Simón, quien realizó el anuncio, invitó a los referentes del Poder Legislativo a adherir.

Lo más concreto que ha mostrado Francisco Pérez hasta este momento es el envío a la Legislatura de un acta paritaria en la que llama a la conformación de los jurados para concurso. Esto se firmó con los principales gremios el 14 de mayo y se elevó a través del expediente 1130/A/04. Ratificada por los titulares de la Asociación de Trabajadores del Estado, SITEA y UPCN, se puede ver que en su artículo 19 se fija la integración de los jurados por concurso a partir de los 30 días de la homologación de este acuerdo y deja expresamente aclarado que la función de los mismos será ad honorem. Sin embargo, por lo bajo, algunos funcionarios aseguran que Pérez ha dado la orden de que la primera publicación para el ingreso al Estado se realice durante su gestión y que sea con bombos y platillos.