Este martes, la Cámara de Senadores de la provincia aprobó y dio sanción inicial el proyecto "Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio", en sintonía con el decreto promulgado por el presidente Mauricio Macri. La propuesta impulsada por el oficialismo habilita al Estado provincial a recuperar bienes vinculados con delitos complejos, como actos de corrupción y narcotráfico. El producido de esos bienes se destinará a la reparación y construcción de escuelas.

El proyecto fue aprobado por 28 votos afirmativos, mientras que los senadores Andrea Blandini, Natalia Vicencio, Alejandro Abraham (Unidad Ciudadana), Lautaro Jiménez y Víctor Da Vila (FIT) le dieron la espalda a la iniciativa. La norma pasó a la Cámara de Diputados para su tratamiento, que podría ser la próxima semana.

Una de las principales modificaciones a la iniciativa fue en qué instancia del proceso se podía iniciar la acción civil. La letra del proyecto aprobado terminó diciendo que se puede accionar una vez que la imputación formal se concrete.

El Gobierno explicó el proyecto de extinción de dominio en la Legislatura

La Ley le permitirá al Estado provincial recuperar los bienes obtenidos por delitos de corrupción, narcotrafico y contra la Administración Pública.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el presidente Mauricio Macri en enero establecía la recuperación de todo tipo de bienes (terrenos, vehículos, viviendas, dinero) provenientes de la corrupción, narcotráfico, crimen organizado y trata de personas, entre otros delitos. Como el DNU presidencial es tratado en el Congreso, podría ocurrir que ese decreto se caiga, por lo que la norma mendocina debería volver a tener modificaciones. 

Por la mañana, el gobernador Alfredo Cornejo había destacado el paso previo del proyecto por la casa de leyes –a diferencia de lo que sucedió en la Nación– y mencionó algunas causas relacionadas con la oposición: “Hay muchos hechos de corrupción que son flagrantes en Mendoza, como el del exintendente de Guaymallén, (Luis) Lobos, que se ha quedado con lotes que deben ir a parar al Estado para un fondo para educación, o autos y camionetas de la Tupac (Amaru) que se están deteriorando en los galpones judiciales”.

Las principales características de la norma

• Los fiscales podrán iniciar el proceso civil de extinción de dominio con una investigación abierta;
• La causa civil se realizará en paralelo a la penal, con la inversión de la carga de la prueba; es decir, el acusado deberá probar que obtuvo los bienes de manera lícita;
• Será para los delitos de narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero y asociación ilícita;
• La Provincia podrá lograr la expropiación y el decomiso de bienes por vía civil antes de que haya pena en la justicia penal;
• Los bienes expropiados serán vendidos y la recaudación será para la construcción de escuelas;
• Se conformará un fondo de garantía para los casos en los que los acusados sean absueltos y se les deba devolver el valor de los bienes.

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