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26 DE ABRIL DE 2024
El Senado avanza con el nuevo Código Procesal Penal
El plenario de comisiones que analizó la reforma recibe a jueces, camaristas y especialistas. El kirchnerismo irá por la media sanción en las próximas semanas.
El Senado fue escenario de la tercera jornada de debate con invitados por el nuevo Código Procesal Penal, que el oficialismo pretende sancionar antes de fin de año.
En el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto expusieron jueces, camaristas, abogados y especialistas en el tema, que en líneas generales apoyaron la reforma pero plantearon objeciones.
La intención del Frente para la Victoria es darle media sanción al proyecto en las próximas semanas, para que la Cámara de Diputados complete el tratamiento.
El presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, consideró que “el proyecto es bueno, es tendiente a la celeridad, a la oralidad y la publicidad”, pero opinó que “hay aspectos para mejorar”.
En este sentido, ejemplificó que “no se sabe en qué casos” se llevaría adelante el juicio por jurados y advirtió que sería necesario capacitar a la población.
El abogado Julio Maier sostuvo que el Congreso debió haber comenzado por el análisis del Código Penal, porque el Procesal Penal contenía instituciones del primero, por ejemplo, la suspensión del juicio a prueba.
Además, explicó que el proyecto tiene “tres metas claras”: fortalecer el Ministerio Público, “lograr que los jueces resuelvan en un procedimiento por audiencias” y la “aminoración del tiempo que duran los procesos penales”.
No obstante, reconoció: “Dudo de que el proyecto haya elegido los mejores mecanismos para lograr estas metas”.
En tanto, el vicepresidente de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, Luis María Cabral, indicó que la participación de la víctima en el proceso penal tenía una “regulación insuficiente” en el proyecto oficial.
Tomó parte de la reunión Guillermo Yacobucci, integrante de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal, quien puntualizó que "el sistema acusatorio ya no se discute como modelo más eficaz", al tiempo que el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta advirtió que en el país funcionaba "una estructura judicial del siglo XIX, muy burocratizada y este es el gran desafío".
El proyecto fue defendido la semana pasada por el ministro de Justicia, Julio Alak, y su vice, Julián Álvarez.
También expusieron sobre el tema procuradores fiscales de la Justicia nacional y de las provincias que ya contaban con sistema acusatorio.
El nuevo Código Procesal Penal establece un sistema acusatorio –en reemplazo del sistema mixto actual– en el que se fortalece el poder del Ministerio Público.
Así, los fiscales quedarán a cargo de la investigación y la recolección de pruebas –que hoy realizan los jueces– y podrán elegir qué causas investigar, salvo en los casos de corrupción de funcionarios, discriminación o violencia de género, que deberán tomar sí o sí.
El texto fija un plazo máximo de tres años para la duración de un proceso judicial y además establece sanciones si los jueces demoran los casos –por ejemplo, someterse a un jury de enjuiciamiento–, aunque las causas no prescriben.
Por otra parte, se le dará más participación a las víctimas en los procesos aunque no sean querellantes: serán protegidas, podrán intervenir en el proceso y podrán seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.
Todo el proceso será oral y, por otra parte, se mantienen los criterios actuales para la prisión preventiva, que será ordenada teniendo en cuenta diferentes variables, como la reincidencia y la conmoción social que produzca el hecho.
Los extranjeros que estén en una situación irregular en nuestro país y sean sorprendidos cometiendo un delito in fraganti serán expulsados y no podrán volver por 15 años, pero siempre y cuando esto no vulnere la “reunificación familiar”.
El proyecto de nuevo Código Procesal Penal crea además, en el ámbito del Congreso Nacional, una comisión bicameral ad hoc, integrada por representantes de todos los partidos políticos, que estará encargada de monitorear la aplicación de la reforma.
En el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto expusieron jueces, camaristas, abogados y especialistas en el tema, que en líneas generales apoyaron la reforma pero plantearon objeciones.
La intención del Frente para la Victoria es darle media sanción al proyecto en las próximas semanas, para que la Cámara de Diputados complete el tratamiento.
El presidente de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky, consideró que “el proyecto es bueno, es tendiente a la celeridad, a la oralidad y la publicidad”, pero opinó que “hay aspectos para mejorar”.
En este sentido, ejemplificó que “no se sabe en qué casos” se llevaría adelante el juicio por jurados y advirtió que sería necesario capacitar a la población.
El abogado Julio Maier sostuvo que el Congreso debió haber comenzado por el análisis del Código Penal, porque el Procesal Penal contenía instituciones del primero, por ejemplo, la suspensión del juicio a prueba.
Además, explicó que el proyecto tiene “tres metas claras”: fortalecer el Ministerio Público, “lograr que los jueces resuelvan en un procedimiento por audiencias” y la “aminoración del tiempo que duran los procesos penales”.
No obstante, reconoció: “Dudo de que el proyecto haya elegido los mejores mecanismos para lograr estas metas”.
En tanto, el vicepresidente de la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, Luis María Cabral, indicó que la participación de la víctima en el proceso penal tenía una “regulación insuficiente” en el proyecto oficial.
Tomó parte de la reunión Guillermo Yacobucci, integrante de la Sala 2 de la Cámara de Casación Penal, quien puntualizó que "el sistema acusatorio ya no se discute como modelo más eficaz", al tiempo que el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta advirtió que en el país funcionaba "una estructura judicial del siglo XIX, muy burocratizada y este es el gran desafío".
El proyecto fue defendido la semana pasada por el ministro de Justicia, Julio Alak, y su vice, Julián Álvarez.
También expusieron sobre el tema procuradores fiscales de la Justicia nacional y de las provincias que ya contaban con sistema acusatorio.
El nuevo Código Procesal Penal establece un sistema acusatorio –en reemplazo del sistema mixto actual– en el que se fortalece el poder del Ministerio Público.
Así, los fiscales quedarán a cargo de la investigación y la recolección de pruebas –que hoy realizan los jueces– y podrán elegir qué causas investigar, salvo en los casos de corrupción de funcionarios, discriminación o violencia de género, que deberán tomar sí o sí.
El texto fija un plazo máximo de tres años para la duración de un proceso judicial y además establece sanciones si los jueces demoran los casos –por ejemplo, someterse a un jury de enjuiciamiento–, aunque las causas no prescriben.
Por otra parte, se le dará más participación a las víctimas en los procesos aunque no sean querellantes: serán protegidas, podrán intervenir en el proceso y podrán seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.
Todo el proceso será oral y, por otra parte, se mantienen los criterios actuales para la prisión preventiva, que será ordenada teniendo en cuenta diferentes variables, como la reincidencia y la conmoción social que produzca el hecho.
Los extranjeros que estén en una situación irregular en nuestro país y sean sorprendidos cometiendo un delito in fraganti serán expulsados y no podrán volver por 15 años, pero siempre y cuando esto no vulnere la “reunificación familiar”.
El proyecto de nuevo Código Procesal Penal crea además, en el ámbito del Congreso Nacional, una comisión bicameral ad hoc, integrada por representantes de todos los partidos políticos, que estará encargada de monitorear la aplicación de la reforma.
Fuente: Parlamentario.com
Fuente: parlamentario.com
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