El tiempo pasa y la necesidad aumenta. Algo cansados y con la misma molestia que hace años, extrabajadores de YPF llegaron a la Legislatura y pidieron que se les pague la deuda que el Estado tiene con 3500 personas, que, después de años, no se resolvió.

Según indicaron, los trámites están frenados porque el Estado exige una desestimación de juicio. Esta gestión sólo puede hacerla un abogado, servicio que ronda los $ 4000, dinero que los trabajadores no tienen.

Los exypefianos exigen el pago que fue aprobado en la Ley nacional 27133, sancionada en octubre de 2016 pero cuyos efectos nunca se produjeron.  Según precisaron, el Estado tenía 120 días para regularizar el pago y eso no pasó.

Silvia Liguoli, esposa de un extrabajador de la empresa, dijo que de los 20 mil expedientes del total de trabajadores, sólo ingresaron 200 y ninguno estaba relacionado con el pago a Mendoza. En nuestra provincia hay 3500 personas en condiciones de cobrar porque, aunque los titulares hayan fallecido, el beneficio pasa a las parejas y a los hijos.

Asimismo, denunciaron que en 2014 enviaron un pedido a Diputados y que tampoco se concretó. En este sentido, Liguoli afirmó que se trata de una cuestión política y que el Estado no los acompaña. “Realmente hay dinero para pagar a los fondos buitre, que podían esperar, y no hay dinero para nosotros, que no podemos esperar”, lamentó.