El abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina y especialista en Derecho Canónico, Carlos Lombardi, se refirió a las responsabilidades del Arzobispado de Mendoza y del Estado en los casos de pedofilia ocurridos el Instituto Próvolo para niños sordos e hipoacústicos.

 

Lombardi criticó fuertemente la violencia institucional, el silencio y el oscurantismo con que se maneja la Iglesia católica. Además, el especialista aclaró con firmeza que el arzobispo de Mendoza, Arancibia en su momento y Franzini ahora, debieron tener conocimiento de la presencia del cura incardinado (es decir, vinculado de manera permanente en una diócesis) en la zona. Esto es así porque el código interno de la Iglesia se los impone: "No puede haber curas vagos ni acéfalos", explicó.

Con respecto a la investigación penal, Lombardi confió en que el procedimiento, con las garantías ofrecidas por el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, llegue a término. Sin embargo, marcó una gran deficiencia en las responsabilidades civiles y administrativas de la DGE y el gremio de la educación privada, quienes debieron haber controlado el Instituto Próvolo.