“No me imagino un país sin extensión rural pública”, dijo el docente e investigador Julio César Catullo, que, a lo largo de sus 45 años de trayectoria, ocupó diversos cargos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y presidió las organizaciones nacional y latinoamericana destinadas a impulsar a la extensión. Esa fue la visión que compartió durante un conversatorio sobre la temática que se realizó en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO.

Catullo fue uno de los expositores en el conversatorio “Políticas de extensión rural en Argentina: evolución, tensiones y perspectivas", organizado por la cátedra de Formación General y Extensión. El objetivo, según explicó el profesor Guillermo Ander Egg, fue que estudiantes que están a un paso de egresar conozcan la historia de estas políticas, sus cambios a lo largo del tiempo, su impacto en el territorio y los desafíos.

En el conversatorio, que se realizó en forma virtual y al que siguió en forma presencial desde un aula de la facultad el grupo de estudiantes, participaron profesionales de distintas especialidades relacionadas de algún modo con la extensión rural, desde ingenieros agrónomos hasta sociólogos y representantes de las agrupaciones campesinas que son destinatarias de estas políticas.

Quienes expusieron en el conversatorio aclararon que no existe una única definición de extensión, aunque coincidieron en que se trata de un proceso que se enfoca en la difusión y transferencia de conocimiento y tecnología, de acompañamiento y de búsqueda conjunta de soluciones con el objetivo de promover el desarrollo social, económico y ambiental de las comunidades rurales.

Hubo otro aspecto en el que coincidieron: que hoy el futuro de estas políticas es incierto, debido a los planes de reestructuración y posibles recortes en el INTA, algunos de los cuales se oficializaron a través de una resolución interna que firmó su presidente Nicolás Bronzovich, y en el que se plantean cambios estructurales en la institución.

El conversatorio se realizó en la facultad de Ciencias Agrarias. Foto: Cátedra Extensión

La historia de la extensión

Durante su exposición, Catullo repasó la historia de la extensión en la Argentina, que fue igual a seguir el recorrido del INTA, el organismo que une investigación con esta política de acompañamiento al sector rural.

El ingeniero agrónomo, que fue coordinador nacional de los programas nacionales de Transferencia y Extensión y Cambio Rural, dividió la trayectoria del INTA en cinco etapas a partir de su creación en 1956. Cada una —comentó— se relacionó íntimamente con los vaivenes políticos y económicos del país.

Estas cinco etapas que describió fueron: la primera, desarrollista, en la que el objetivo fue incrementar la productividad agropecuaria; la segunda, que coincidió con la dictadura y con una crisis de industrialización, y que puso el foco en la difusión de paquetes tecnológicos. La tercera —expresó— fue con la vuelta de la democracia, cuando se generó un debate interno y se miró a los pequeños productores, y que se extendió durante el gobierno de Carlos Menem, momento en el que hubo reducción de personal con 2300 despidos y se crearon estrategias por segmentos agrícolas diferenciados. En tanto, la cuarta, fue durante la crisis de 2001, en la que se generó un modelo de desarrollo territorial, y la quinta etapa, desde 2016 a 2023, en la que entró en crisis el programa Prohuerta, se reorientó el de Cambio Rural y se pasó de proyectos regionales a una plataforma nacional.

Catullo recorrió la historia de la extensión rural en Argentina, siempre ligada al INTA. Foto: INTA Informa

Una etapa de incertidumbre

Catullo detalló las características de la etapa actual que se inició en 2024, que aseguró está marcada por la incertidumbre, por los rumores de cierre de las agencias, de despido de personal y de la venta de edificios. “La extensión es una fuerte actividad de articulación, no podemos pensarla como un componente separado, sino integrado con la investigación. Yo no me imagino un país sin extensión pública”, afirmó el profesional.

El ingeniero también repasó las estrategias que pusieron en marcha otros países para reestructurar sus programas de extensión rural, algunos con modelo público-privado, otros con un fuerte tinte regional, como en el caso de Brasil, donde cada estado tiene su propio sistema. Dijo que es central buscar alternativas, pero que en ningún caso la mejor es destruir una línea de acción que beneficia al sector rural.

“Creo que en nuestro país podemos repensar, recrear el sistema, pensar cómo articulamos, cómo integramos mejor y evitamos superposiciones. Creo que hay alternativas, pero me parece que en ningún caso es destruir”, fueron sus palabras.

Pascual destacó la importancia de la organización para mejorar las condiciones de vida en el campo. Foto: Prensas UST

Impacto en el territorio

Así como Catullo habló sobre las distintas etapas de la extensión en Argentina, Verónica Pascual, productora e integrante de la UST Campesina y Territorial, contó la incidencia o la falta de ella, que tuvo cada política en el territorio.

Pascual, que vive y produce en el secano lavallino, contó que la organización nació en 2001 cuando no existía ninguna política pública para las familias campesinas. Frente a esto, explicó que se organizaron no solo para mejorar su producción, sino también para lograr condiciones de vida dignas en la zona rural, lo que incluía mejoras en infraestructura y líneas de acción para el acceso a la tierra y al agua.

La productora comentó que la organización siempre tuvo vinculación con políticas estatales a las que consideró importantes. Pese a esto, aclaró que las referidas a la agricultura familiar siempre fueron marginales, porque el modelo que prevaleció fue el monocultivo y de agronegocio.

Pascual definió la situación actual de las familias campesinas como de extrema gravedad, y dio las razones. Explicó que persisten problemas estructurales, como falta de infraestructura o las dificultades para trasladar la producción para su venta, y un corrimiento del Estado, salvo algunas acciones del INTA que siguen presentes en el territorio.

Pese a la situación, Pascual sostuvo que algunas de las políticas que se aplicaron impactaron en forma positiva en el territorio. Mencionó las que impulsaron para la comercialización de productos, las relacionadas con el uso de la tierra y las de acceso al agua, ya que un proyecto del INTA y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) instaló cisternas que construyeron integrantes de las mismas organizaciones campesinas. Pascual destacó otro aspecto que consideró central para cualquier política pública rural: que no sea una propuesta vertical que se imponga en el territorio, sino que se construya junto con las comunidades que conocen sus problemas, sus debilidades y fortalezas.