Cuatro de los siete integrantes del organismo de control más importante del Estado rechazaron el contenido de ese expediente y, en consecuencia, el escrito no adquirió el status de informe. El auditor Vicente Brusca, que ofició como miembro informante en la recepción de este escrito, afirmó que el rechazo se debió a que “contenía errores en su confección”.

“Las presentaciones de la Auditoría no pueden contener opiniones, y acá había juicios de valor contra la publicidad oficial que no correspondían. El organismo sólo debe contemplar si los fondos se gastan bien o mal”, enfatizó Brusca. En ese sentido, el auditor consideró que en las campañas de información que se emitían en los entretiempos de los partidos “se difunden datos que hacen al bien público” y que "las campañas de bien público son parte de una política de Estado, y no está mal invertir en ellas para dar a conocer información que puede ser útil, como puede ser una iniciativa que invita a donar sangre”.

Ocaña denunció el año pasado ante la jueza federal María Romilda Servini de Cubría al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y a sus antecesores en el cargo, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. A los tres se les imputaba el haber “librado gastos sin respaldo” por un monto de 180 millones de pesos desde 2009, cuando el Estado adquirió los derechos para televisar el fútbol.