El Senado debatirá esta semana en una sesión especial el proyecto que crea un régimen para penalizar los delitos de corrupción que involucren a empresarios y miembros de la administración pública, respaldado por entidades multilaterales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Los principales bloques políticos acordaron darle sanción favorable al proyecto, que ya fue aprobado en Diputados, pero la iniciativa regresará a la Cámara Baja, ya que se le hicieron numerosos cambios al expediente original, con la anuencia de la oposición y el oficialismo.

Entre esas modificaciones se eliminó la imprescriptibilidad de los delitos (quedó fijada en seis años) y se acotaron las multas al daño producido. Se mantuvo, no obstante, la negativa a sancionar con retroactividad los casos de corrupción, que el oficialismo pretendía incluir para abordar los casos derivados del escándalo de coimas de la empresa brasileña Odebrecht.

La iniciativa incluye los delitos de cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y balances e informes falsos agregados, como pasibles de sanción a personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal.