La industria de los videojuegos atraviesa su propio #metoo

En la última década, salieron a la luz cientos de denuncias contra las empresas de videojuegos más importantes de la industria por tener una cultura machista que excluye a las mujeres de los puestos jerárquicos y las convierte en blanco de todo tipo de abusos.

La industria de los videojuegos atraviesa su propio #metoo

Foto: Diario AS

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Unidiversidad

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Publicado el 22 DE ABRIL DE 2022

Los videojuegos, como comunidad, siempre habían sido considerados como un ambiente sexista. Basado en la idea de que los juegos son “para hombres”, siempre resultaron hostiles para las mujeres que trataron de acercarse. Esto se puede ver en los comentarios de las transmisiones de Twitch de las streamers femeninas o en cualquier chat al interior de un videojuego online, donde, apenas los jugadores se percatan de que hay una mujer, comienzan a agredirla o acosarla. Cuando los videojuegos comenzaron a profesionalizarse como deportes electrónicos, esta actitud se hizo más evidente por la ausencia de jugadoras o equipos femeninos y por los ataques públicos a las pioneras que fueron apareciendo.

La lupa siempre estuvo puesta en los jugadores, ya sea como individuos o como colectivo, pero, recientemente, irrumpió en la esfera pública una realidad que se tejió como rumor bajo la mesa desde siempre: del otro lado del mostrador, las cosas no eran distintas. No se trataba solo de una comunidad de jugadores altamente tóxica y sexista para las mujeres y disidencias, sino que, en la industria, quienes desarrollan los videojuegos tienen las mismas conductas.

La primera gran denuncia en llegar a los medios y sacudir el mundillo gamer se presentó en 2018, cuando una nota publicada en el medio especializado Kotaku describió con testimonios anónimos de distintas trabajadoras y extrabajadoras de Riot Games el ambiente sexista de la compañía. En noviembre de ese año, se presentó la denuncia colectiva contra la empresa por discriminación de género, acoso sexual y conducta inapropiada en el ambiente laboral.

En 2019, Riot acordó pagarles 10 millones de dólares a cientos de denunciantes. Sin embargo, el Departamento de Igualdad en el Empleo y la Vivienda de California (DFEH, por sus siglas en inglés) objetó el acuerdo, diciendo que la empresa debía mucho más. Finalmente, la cifra fue de 100 millones de dólares. Es importante destacar que la compañía detrás de League of Legends es una de las más grandes de la industria: cuenta con miles de trabajadores distribuidos en decenas de oficinas, alrededor de 180 millones de jugadores mensuales y 2000 millones de dólares en ganancias al año.

Similar al movimiento #metoo que surgió a raíz de las denuncias de abuso en la industria del cine, la denuncia contra Riot Games avivó el debate público sobre el estado de situación de la industria de los videojuegos para las mujeres, tanto a nivel laboral como al interior de la comunidad. Esto llevó a que muchas trabajadoras se atrevieran a alzar la voz y denunciar que lo mismo pasaba en sus ámbitos laborales. En 2020 fue el turno de la francesa Ubisoft, acusada de acoso institucional, es decir, de armar, mantener y reforzar un sistema donde el acoso sexual es tolerado. Casi dos años después del “escándalo”, con múltiples renuncias de empleados hartos de la situación de la compañía y algunos despidos debido a las acusaciones –mientras otros siguen dentro de la empresa y en ocasiones son promovidos–, la situación puertas adentro parece ser la misma. A pesar de haber anunciado cambios estructurales para prevenir que estas acusaciones queden sin atender en el futuro, empleados de la empresa alegan que las conductas inapropiadas persisten y que, sin importar cuántas quejas presenten, nunca tienen una resolución, por lo que terminan renunciando.

Por suerte para Ubisoft, su escándalo pasó a segundo plano cuando empezaron a aparecer las primeras denuncias de la misma índole en Activision/Blizzard, otro de los tanques de la industria. Mucho más grande en tamaño, prestigio e historia que las empresas antes mencionadas, la desarrolladora de títulos como Call of Duty, Warcraft y Diablo enfrenta una demanda colectiva proporcional al tamaño de su legado. Tras una larga investigación que reveló historias de mujeres sufriendo distintos tipos de abusos diarios trabajando para la compañía, la primera demanda colectiva se presentó en julio del 2021.

Como en los casos anteriores, las acusaciones van desde acceso desigual al empleo y la capacidad de avanzar dentro de la empresa hasta conductas inapropiadas por parte de compañeros de trabajo y superiores, llegando incluso a abusos sexuales. En respuesta a la demanda, lejos de cooperar con el departamento de Estado que lleva adelante la investigación, Activision/Blizzard destruyó evidencia y contrató firmas de abogados que se dedican a frenar la sindicalización para evitar la organización de sus trabajadores. Finalmente, en septiembre de 2021, se llegó a un principio de acuerdo por 18 millones de dólares, que desde distintos organismos objetaron por considerarlo insuficiente.

A partir de las denuncias, como en los casos previos, desde la compañía alegaron ignorancia y preocupación por lo sucedido y prometieron medidas para resolverlo que, nuevamente, no llegaron a ningún lado. El mismo CEO de la empresa, Bobby Kotick, fue señalado directamente por amenazas y encubrimiento, después de que afirmara no saber lo que sucedía en Activision/Blizzard.

En todos los casos mencionados, tanto las denuncias como las respuestas de las empresas fueron similares. Desde desigualdad y discriminación en el pago y el acceso a oportunidades de crecimiento hasta comentarios, manoseos y violaciones en las oficinas o eventos de trabajo, las denuncias realizadas en distintas empresas, años y países describen un ambiente laboral tóxico y hostil para las mujeres y diversidades; así como una imposibilidad de denunciar estos hechos por complicidad y un sistema hecho para socavar las voces de las víctimas. Ninguna denuncia o compensación resuelve los problemas culturales del medio, mucho menos lo hacen los despidos selectivos de “algunas manzanas podridas”.

Hace falta una reforma más profunda de las estructuras laborales que protejan a los trabajadores y trabajadoras, que les permitan desarrollar sus actividades en un ambiente cuidado y que tengan la posibilidad de alzar su voz cuando sus derechos sean vulnerados, así como las herramientas para actuar en consecuencia. Una de las formas de conseguir esto es con la sindicalización creciente en los últimos años en distintos rubros, así como la creación de distintas organizaciones que ayuden a dar la lucha contra las discriminaciones y los abusos de todo tipo en los espacios de trabajo.

Fuente: Agustina Mina para Télam

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