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Sociedad

La justicia también ordenó a los tres organismos demandados que “provean una solución habitacional transitoria para los amparistas, a través de la entrega de subsidios para afrontar la locación de un inmueble”.

"En Mendoza, la política habitacional está supeditada a lo que disponga el Ejecutivo provincial conforme sus posibilidades, a ejecutarse conforme a disposiciones del Instituto Provincial de la Vivienda. Es decir que las tres demandadas tienen responsabilidad en la política habitacional”, explicó el letrado.

Al analizar las responsabilidades del Estado, la sentencia destacó que, según el sistema descentralizado que impera, corresponde a los municipios priorizar y evaluar postulantes, aunque “no es menos cierto que los municipios, a pesar de ser los más cercanos al vecino, no son los que disponen la política habitacional ni el que recauda impuestos destinados a la construcción de viviendas”. “En una provincia con un déficit habitacional crónico de miles de viviendas (así lo reconoce la Municipalidad de Godoy Cruz sobre la base de registros), es inadmisible que las autoridades de la provincia sean insensibles para con las necesidades acuciantes y a los derechos de su pueblo”, dijo Ermili.

Además, “es ilegítimo que no cumpla con sus obligaciones nacidas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (con jerarquía constitucional), que obliga a los estados a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos, entre ellos, el de la vivienda”.